Los vecinos adjudicatarios de una promoción de 583 viviendas de protección oficial (VPO) junto al Polígono Aeropuerto de Sevilla Este que el pasado día 28 de enero iniciaron una acampada indefinida ante el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, han decidido emprender "acciones legales" contra la Junta de Andalucía por "dejación de funciones", y han solicitado una reunión con la consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés.

Así lo ha avanzado este viernes un portavoz de la asociación de vecinos Isbylia 538VPO, en la que se integran las personas que protagonizan esta acampada, que ha explicado que la decisión de emprender acciones legales ha sido adoptada en asamblea, y los vecinos ya se la han trasladado al abogado de la citada entidad para que "se ponga con ello a lo largo de la semana que viene".

El detonante de esta decisión, según apunta, ha sido "la actitud que mantiene la Junta de Andalucía desde las consejerías de la Presidencia e Igualdad y de Fomento y Vivienda ante su situación", así como por "la forma de gestionar el asunto", ya que, según ha remachado, al tratarse de VPO, "aunque de promoción privada", las viviendas de las que han resultado adjudicatarios, "la Junta de Andalucía tiene competencias que ha de cumplir y no lo ha hecho", por lo que ha incurrido en una "dejación de funciones" que ha determinado su situación actual, en la que se encuentran "sin piso y sin dinero".

En esta línea, los vecinos también han entregado este viernes un escrito en la sede de la Consejería de Fomento y Vivienda para solicitarle una reunión "a la mayor brevedad posible" debido a "la gravedad y trascendencia" que, en opinión de este colectivo, reviste su problema, así como que les remita por correo "toda la información" contenida en el expediente '33071,41/08,004' por el que la Junta concedía a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa -a través de la cual la CEA promovió estas viviendas- una ayuda de 1.749.000 euros en virtud de un convenio de colaboración que ambas partes suscribieron en octubre de 2011 para "fomentar la construcción" de las viviendas de las que resultaron adjudicatarios. Los vecinos reclaman dicha documentación para aportarla a las "acciones legales pertinentes" que pretenden llevar a cabo "para la mejor defensa de sus derechos".