Las cuatro demandas colectivas interpuestas por reclamantes pertenecientes a zonas de Sevilla donde estaba planeada la construcción de parkings por los que se solicitó una fianza de 1.000 euros que aún no ha sido reintegrada a pesar del retraso en la construcción han sido admitidas a trámite, después de que la última de estas acciones judiciales, que engloba a 15 personas que quedaron descolgadas de las demandas anteriores, haya sido recientemente aceptada.

Fuentes del caso han explicado que, asimismo, la empresa adjudicataria, Resipark (antigua Equipark), ha emitido su primera contestación formal, en este caso a la demanda que instruye el Juzgado de Primera Instancia número 14, y en la cual se acoge a la figura de excepción de litisconsorcio pasivo necesario para apuntar a la responsabilidad del Ayuntamiento en el caso.

Este argumento no es nuevo, toda vez que la empresa ya remitió un escrito a este mismo juzgado considerando a la corporación municipal responsable en la medida en que otorgó autorización de obras en terrenos que no eran de titularidad pública, sino privada, argumento que ha llegado a utilizar para justificar en su momento el impago de los avales a los vecinos que así lo solicitaban.

Así, son ya unos 170 los vecinos cuyas demandas han sido admitidas, representando intereses de afectados de Jardines del Valle, Plaza de Rafael Salgado (Bami), Cueva de la Pileta (Sevilla Este), Zodíaco, Rafael Laffón, Pedro Vallina, La Romería y Eva Cervantes, y solicitando la devolución del aval entregado en su día, así como los intereses y los gastos judiciales, para la adquisición de una plaza de estacionamiento.

En el caso de que Resipark no pagase los adelantos, por razones de insolvencia o cualquier otra cuestión que lo imposibilite, los vecinos consideraron en su momento que "alguien tiene que pagar las fianzas", viendo al Ayuntamiento como responsable subsidiario, puesto que "tampoco ha hecho las cosas bien y ha funcionado como promotor". Aunque el gobierno municipal actual se haya encontrado con este problema heredado del anterior gobierno, el bufete que gestiona las demandas trabaja con la tesis de que el Consistorio es una administración pública, independientemente de quien esté en el gobierno.

Anteriormente, el Juzgado de Instrucción número 9 ya admitió a trámite la denuncia penal interpuesta por la plataforma contra los integrantes del Área de Movilidad del Ayuntamiento hispalense del mandato anterior, en la cual se solicita al juzgado y a la Fiscalía que investiguen lo ocurrido en el plan de aparcamientos después de los retrasos registrados en el proceso de construcción de varias de estas infraestructuras, a pesar del cobro de las fianzas que se llevó a cabo en algunos de estos casos. 

Fuentes del caso señalaron que se han incoado diligencias previas y que, en este sentido, el juzgado ha dado traslado al Ministerio Fiscal de las actuaciones en una denuncia en la que se incide especialmente en la situación del aparcamiento planeado en la zona del Zodíaco -la Intercomunidad de este núcleo residencial ha sido la principal promotora de esta acción-, donde, a juicio de los afectados, se han producido irregularidades tan "graves" como otorgar concesiones administrativas en terrenos privados.

En este caso, el Ayuntamiento, según los denunciantes, sabe desde el año 2004, por los diferentes escritos y manifestaciones de los vecinos a los responsables de Movilidad, que la plaza donde se otorgó la concesión -Párroco Joaquín Morón Ríos- era propiedad proindivisa de todos los propietarios del Núcleo Residencial Zodiaco.