La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 1.650.000 euros para el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet en relación con su imputación en esta causa y ha declarado además la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa.

En un auto, la juez ha impuesto además otra fianza civil de 12.359,20 euros para el intruso Antonio Garrido Santoyo, miembro de la ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén) y que fue uno de los primeros intrusos que aparecieron en la investigación. 

La Fiscalía Anticorrupción y la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en el caso de los ERE, pidieron en abril pasado una fianza civil de más de 5 millones de euros para el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, quien se acogió a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, que le había citado a declarar en relación con las irregularidades que se investigan en torno a los ERE realizados en esta empresa en los años 2003 y 2007.  

Al inicio de la comparecencia, la juez le leyó la imputación formal, en la que imputó hasta seis delitos al ex responsable del Mercado mayorista: malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, blanqueo de capitales y asociación ilícita. Tras la lectura de la imputación, Fernando Mellet se acogió a su derecho constitucional a no declarar, y tanto la Fiscalía como la Junta de Andalucía reclamaron una fianza de responsabilidad civil de más de cinco millones, cantidad en la que se incluye la prima de la póliza del año 2003, descontándole la parte que abonó Mercasevilla e incrementándole el tercio legal correspondiente, han dicho fuentes del caso. 

Las acusaciones han pedido además que se declare la responsabilidad civil subsidiaria de Mercasevilla con respecto a esta fianza.

En la imputación delictiva, la juez Alaya sostiene que Fernando Mellet fue quien solicitó el 3 de octubre de 2003 el ERE que afectaría a 74 trabajadores de los 184 fijos, aludiendo a "cusas organizativas y económicas", pero advierte de que no se formalizó solicitud de subvención alguna, "debido a las buenas relaciones" que a través del conseguidor de los ERE Juan Lanzas mantenía con el entonces delegado de Empleo, Antonio Rivas, y con el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

En este ERE, en el que la Junta se comprometió a pagar 5.629.835,94 euros, y Mercasevilla 601.012 euros fueron incluidos de manera irregular tres trabajadores (José D. M., Joaquín G. M., y Pedro V. M.), quienes no reunían el requisito de tener una edad comprendida entre los 50 y 64 años.

Tras el "éxito de este primer expediente", prosiguió Alaya, Fernando Mellet, en "connivencia con Juan Lanzas", remitió en 2005 una nueva solicitud de ERE extintivo que afectaría a 60 trabajadores de un total de 175 fijos y 35 temporales, fundando su solicitud en “idénticos motivos al ERE de 2003", siendo igualmente autorizado por Antonio Rivas y en la póliza se contiene una "expresa mención a que la Junta" abonaría la mayor parte de las primas y además se incluyó como intruso a Antonio Garrido Santoyo, que fue secretario de Administración de UGT en Sevilla y ex secretario de Política Municipal del PSOE de Baeza (Jaén), y el propio Lanzas intentó incluirse en la póliza, "como una de las formas que tenía de cobrar las elevadas cantidades que percibía por su intermediación".

Alaya sostiene que el conseguidor Juan Lanzas percibió un total de 492.655,02 euros en comisiones de Mercasevilla, una cantidad que cobró a través de las facturas presentadas por el testaferro Juan Francisco Algarín Lamela y de la empresa Maginae Solutions, de su cuñado Ismael Sierra.

La instructora llega a hablar que de que entre Lanzas y Fernando Mellet existía un "continuo flujo de intercambio de favores", en el que entraría que el ex director de Mercasevilla consiguiera que una empresa del grupo de Lanzas –Al Andalus Mass Media Channel- contratara al ex concejal del PSOE del Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García, que fue cesado tras su implicación en el escándalo de las facturas falsas del distrito Macarena, aunque la causa se archivó contra él. "La intermediación de Mellet para la contratación de García por la realización de unos trabajos no acreditados –que consistían en visitar distintos mercados de Sevilla y Málaga y ofrecerles la gestión por parte de Mercasevilla-, pero sí abonados, presuntamente servirían para conseguir la cotización a la Seguridad social necesaria para poder acceder a las prestaciones públicas que pudieran corresponderle, siendo finalmente nombrado director de Consumo del Ayuntamiento", añade Alaya.

La citación de Fernando Mellet a declarar se produjo tres años después de que la instructora lo imputase en esta causa, en marzo de 2011.