La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, considera que el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas "se constituye en el portillo de entrada de la concesión irregular de las subvenciones en la Junta, de este dispendio presuntamente generalizado y descontrolado que se ha producido desde la Administración autonómica".

En un auto dictado el pasado 7 de marzo, al que tuvo acceso Europa Press, la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla rechaza el recurso interpuesto por la defensa de Rivas contra la decisión de la juez de extender su imputación a los expedientes de Calderinox, Surcolor y Aglomerados Morell, pues "en términos indiciarios el análisis de las actuaciones ofrece un resultado contrario al expuesto por la defensa, que obliga a mantener la condición de imputado" del ex alto cargo.

Según la juez, Antonio Rivas "asumió ante los empresarios compromisos de ayudas públicas sabiendo, porque él asistía a los consejos de Dirección ampliados de la Consejería de Empleo, que éstas se otorgaban con absoluto desprecio al derecho, al margen del procedimiento de subvenciones y del control de la Intervención de la Junta a través de las llamadas transferencias de financiación, y que se autorizaban con carácter general y sin la menor transparencia, siempre que los solicitantes vinieran de la mano de algún interlocutor de la Administración, como era él mismo".

"Es cierto que no tenía capacidad para conceder subvenciones, pero actuaba de esta forma asumiendo tales compromisos de ayuda porque sabía que la Consejería de Empleo los refrendaría definitivamente a través de los criterios de laxa actuación expuestos" por el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero en su declaración judicial, donde "expuso que las subvenciones se concedieron en virtud de criterios discrecionales, a personas o empresas que por un motivo u otro estuvieran próximas a la Administración", asevera.

La magistrada asegura que Rivas "sabía indiciariamente durante la mayor parte del ejercicio de su cargo que él tenía gran capacidad de influencia en sus superiores y que, en definitiva, lo que prometía lo conseguía, pues además se caracterizaba por hacer un intenso seguimiento a tales compromisos", argumenta el auto.

En relación a Calderinox, la juez instructora recuerda que en la póliza de prejubilaciones fueron incluidas dos personas que nunca trabajaron para la empresa, como son Antonio Fernández Garzón y el ex delegado provincial de Trabajo en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, quien en su declaración judicial "manifestó que fue Rivas el que le ofreció la indemnización de 36.000 euros" por su cese como director de la Escuela de Artesanos de Gelves.

Además, el ex director general de Trabajo Juan Márquez "reconoció" en su declaración que fue el imputado "el que le sugirió la concesión de una ayuda sociolaboral" a Rodríguez Cordobés, lo que fue ratificado por María José Rofa, "mano derecha" de Márquez en la Dirección General, quien dijo que Rivas "llevaba más de un año insistiendo" en la inclusión de estos dos intrusos.