La juez Alaya inicia el proceso para embargar a Antonio Rivas por importe de 3,3 millones

  • Reclama fianzas por más de 40 millones a otros ex altos cargos de la Consejería de Empleo

El juzgado que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos ha iniciado el proceso para embargar los bienes al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas para hacer frente a la fianza civil de 3.323.672,49 euros que le impuso la juez Mercedes Alaya. La secretaria judicial de refuerzo ha emitido una diligencia de ordenación en la que señala que una vez transcurrido el plazo concedido para asegurar esta fianza "sin haberse hecho efectiva, ni señalado bienes"para su embargo, se concede al ex delegado un plazo de diez días para que designe los bienes de su propiedad en los que solicita que se trabe embargo.

El juzgado pide al imputado que exprese "las cargas y gravámenes" que pudieran tener dichos inmuebles, así como si están ocupados "por qué personas y con qué título", y advierte de que en caso de que no manifieste nada "se procederá a la búsqueda integral de bienes sobre los que trabar embargo".

El juzgado también ha iniciado el proceso para embargar las fianzas civiles impuestas por más de 40 millones de euros a tres ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo: Javier Aguado Hinojal (5.091.466,66 euros), Juan Francisco Sánchez García (33.954.784,66), y Lourdes Medina Varo (1.037.712,66). El juzgado ha acordado las mismas medidas de designación de bienes adoptadas con Rivas sobre estos imputados, y también sobre los responsables de la empresa Dhul Rafael Carvia y Carlos Santandreu, director comercial y apoderado, respectivamente, a los que Alaya impuso una fianza de 706.277,28 euros a cada uno.

La fianza que Alaya fijó para el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas es inferior a los 5.579.696 euros que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción para este ex alto cargo.

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