La Confederación Provincial de Comerciantes de Sevilla (Aprocom) ha rechazado de inicio la cofinanciación del sistema de videovigilancia de cámaras de seguridad entre Ayuntamiento y comercio propuesta hoy por el delegado municipal de Economía y Empleo, Jon Ander Sánchez (IU), aduciendo al respecto que ello "sería como pagarle los coches a la Policía".

El miembro de la Junta Directiva de Aprocom Tomás González señaló a Europa Press que la fórmula de la cofinanciación "por supuesto que es adecuada, pero siempre que sea entre administraciones, el Ayuntamiento, la comunidad autónoma o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Lo que, según González, "no es de recibo", es que "los colectivos de a pie tengamos que pagar los medios técnicos puestos al servicio de las fuerzas y cuerpos de seguridad". "No podemos ejercer ningún tipo de vigilancia de la vía pública porque es competencia de la Policía, pero ahora que les conviene sí interesa que paguemos parte", añadió, remitiendo en ese sentido al resto de modelos de España, "donde no paga el empresariado".

El directivo de Aprocom, pese a todo, no descartó que se pueda llegar a un acuerdo "a tres o cuatro partes", o mediante algún tipo de contraprestación para el gremio, si bien calificó de "muy difícil" plantear "abiertamente" una cofinanciación a los empresarios, "porque no es una cosa básica para el comercio, aunque ayude a mejorar el entorno quien se beneficia es el ciudadano y las fuerzas de seguridad". 

González aseveró que "se le da demasiadas vueltas a la videovigilancia en esta ciudad, o se pone o no se pone", y recalcó que, con respecto al estudio de Indra por zonas –en los polígonos industriales y el centro, Los Remedios, San Pablo y Nervión– "lo único que se ha hecho es, con los datos que teníamos, recopilar la información de la primera fase del proyecto que pusimos a la luz pública, con zonas que no elegimos a capricho, sino en coordinación con la Policía como los lugares con más índices de delito".

El Ayuntamiento de Sevilla, por mediación de su delegación de Economía y Empleo, ha firmado hoy un convenio con la empresa especializada Indra para llevar a cabo un estudio, que según las estimaciones iniciales estará listo antes del verano, con la finalidad de determinar en qué lugares concretos de los polígonos industriales y de seis zonas comerciales de la capital hispalense podrán instalarse videocámaras de vigilancia y seguridad.