El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, consideró ayer que el caso de su etapa como vicerrector en la Universidad de Sevilla que la Fiscalía Superior ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para su investigación debe resolverse y "atenderse" en el ámbito de la Universidad de Sevilla.

En declaraciones a los periodistas en Santa Fe (Granada), donde visitó las instalaciones de la cooperativa farmacéutica Hefagra, el consejero eludió pronunciarse sobre una posible dimisión si el caso llega a su imputación y se reiteró en sus declaraciones del jueves en Jaén, donde negó haber prevaricado y pidió respeto a su presunción de inocencia. "Comparecí para informar a la opinión pública, como es mi obligación, sobre un tema que data de hace ocho años, de una época en que yo era vicerrector de la Universidad de Sevilla, que es el ámbito donde esto tiene que atenderse", dijo Ramírez de Arellano, que indicó que por ahora "no hay ninguna novedad".

Arellano se enfrenta a la posible comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público tras una denuncia de 2015 del Colegio de Arquitectos de Sevilla. El colegio acusa a Arellano de adjudicar de manera "arbitraria" la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius) en 2008.