"No quiero entrar en las estadísticas de las esposas que mueren a manos de sus maridos". La frase es de Ana Díaz (46 años), vecina de la Macarena, limpiadora del hogar y madre de un hijo de 24 años en paro, quien hizo ayer una llamada desesperada a la prensa para que su marido Paco, de 54, ex empleado de la cooperativa de taxis y enfermo de esquizofrenia paranoide, pueda ingresar en un centro público de la Junta con atención permanente debido a que sufre, además, problemas intestinales que requieren una higiene constante por parte de sus cuidadores. Las crisis mentales de su marido se agudizaron cuando Paco salió hace cuatro años de una operación de estómago.

Según esta mujer, la dirección del centro de Utrera donde está ingresado desde diciembre le dio el 22 de febrero un ultimátum a la familia para que sacara al enfermo esa misma tarde, pero Ana y su hijo se niegan a llevarlo a su casa de Los Carteros por miedo a sufrir una agresión en una de las crisis que le provoca la enfermedad. "En el centro me dijeron que mi marido estaba excluido, que tenía que salir esa tarde y que el sitio más adecuado por sus problemas intestinales era un hospital", relata Ana.

Después de ese ultimátum se fue a denunciar los hechos al juzgado de guardia y a la Policía Nacional de la Alameda. "Allí me aconsejaron que no fuera a recoger a mi marido y que no cogiera el móvil, así que llevo dos semanas sin verlo por miedo a que me obliguen a llevármelo a mi casa", afirma.

La esposa de Paco cuenta que su marido ya estuvo ingresado dos años en el Hospital Psiquiátrico del Macarena, con lo que no puede volver allí porque su problema es crónico. "Cuando era más joven tenía crisis y se recuperaba más pronto, pero desde que lo operaron de reducción de estómago le está costando más recuperarse", añade.

La falta de recursos económicos de esta familia empeora aún más, si cabe, la situación. El ingreso del marido en el centro de Utrera le obliga a desembolsar al mes más de 400 euros mensuales, asegura Ana, toda una fortuna con el único sueldo de unos 700 euros que entra en la casa, ya que los ingresos del marido se reducen a 570 euros de pensión. El hijo, con un nivel de estudios de graduado escolar y un sobrepeso importante, cuenta que lleva tres años desempleado tras una experiencia de varios meses como reponedor en Carrefour. Asegura que en algunos supermercados donde se ha ofrecido le dicen que no cumple el perfil.

En teoría esta familia debería percibir las ayudas que contempla la Ley de Dependencia, pero Ana constata que no han recibido un duro. Hoy tiene previsto entrevistarse con un asistente social de San Jerónimo para ver de qué forma le podrían tramitar las ayudas. En cualquier caso, ella está dispuesta a denunciar su situación al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, y a intentar que su marido pueda cobrar la invalidez total.

El problema de Ana es común al de las familias con un enfermo mental crónico, afectadas por las nefastas consecuencias de la reforma psiquiátrica. En su caso, la primera recaída tuvo lugar a la vuelta del viaje de novios, en 1983, cuando aún seguía abierto el centro de Miraflores, donde ingresó varios meses. Su mujer dice que estuvo ocho años muy bien con la acupuntura y los electroshocks, hasta que se operó y comenzó a ponerse agresivo, a no dormir y a tener conducta antisocial. "¿Éste es el bien que quieren para los enfermos mentales?, ¿ésta es la reforma psiquiátrica? Y mientras los pabellones de Miraflores, sus jardines y arbolado, totalmente desaprovechados".