La prueba que piden las acusaciones consiste en reclamar a la delegación del Gobierno en Andalucía la copia del vídeo que le entregaron con la supuesta confesión del espía.

Fuentes judiciales han informado de que la apelación ha correspondido a la Sección Cuarta de la Audiencia, uno de cuyos magistrados, Francisco Gutiérrez, se ha abstenido de participar en las deliberaciones al ser amigo de la infancia de uno de los acusados.

Las tres acusaciones particulares, que ejercen Manuel Chaves como secretario general del PSOE y otros dirigentes socialistas, han recurrido la absolución de "El Mundo" por publicar la noticia sobre el presunto espionaje en las cajas de ahorro, y sostienen que los periodistas debieron demostrar en el juicio la veracidad de que los seguimientos fueron ordenados por el presidente de la Junta y otros líderes socialistas.

La Audiencia deberá decidir en primer lugar si pide a la Delegación del Gobierno en Andalucía la tercera copia del vídeo con la presunta confesión del "espía" Antonio Castellano, que fue entregada en 2001 por el ex presidente de la caja Juan Manuel López Benjumea y acusado en este caso al entonces delegado del Gobierno, José Torres Hurtado, ahora alcalde de Granada por el PP.

La petición de que dicha grabación sea reclamada y oída de nuevo en la Audiencia se produce tras conocerse, durante la celebración del juicio en noviembre pasado, que las cintas entregadas por Benjumea y la que sirvió de base a la información de "El Mundo" habían sido robadas en 2005 de la caja fuerte del juzgado instructor.

Las acusaciones que ejercen los líderes del PSOE Manuel Chaves y Luis Pizarro, el ex jefe de escoltas de la Junta Juan Escámez y Miguel Ángel Pino, ex presidente de la Comisión de Control de la caja San Fernando, piden a la Audiencia que condene a los acusados a penas de multa y a pagar indemnizaciones de hasta 250.000 euros a cada denunciante por un presunto delito de injurias graves con publicidad.

Alfonso Martínez del Hoyo, letrado de Chaves y Pizarro, dice en su recurso que, en contra de lo afirmado por la sentencia del juzgado penal, el director de "El Mundo" en Andalucía Francisco Rosell y el redactor Javier Caraballo no hicieron el "reportaje neutral" que acepta el Tribunal Supremo cuando el periodista recoge declaraciones públicas de terceras personas, aunque sean injuriosas.

Dado que el presunto "espía" negó en el juicio haber pronunciado la frase "Entre Chaves, Pizarro y Pino me han ordenado seguir a Benjumea", dice Martínez del Hoyo que nos encontramos ante "una manifestación de la que nadie se responsabiliza", por lo que "el medio tiene que acreditar, no que Castellano dijo lo publicado, sino lo publicado en sí".

Respecto a Benjumea, los letrados de la acusación lo consideran "el gran muñidor" de la injuria "pese a que sobradamente le constaba la falsedad" del espionaje y Miguel Cuéllar, letrado de Pino, afirma que lo único que pretendía era "perpetuarse en el poder" tras su "enfrentamiento directo y continuado" con la Junta cuando se estaban renovando los cargos en las cajas de ahorro andaluzas.

También piden la condena del cuarto procesado, el detective Joaquín Corpas, contratado por Benjumea para averiguar si le estaban siguiendo y que grabó el vídeo, del que Cuéllar destaca que "ni siquiera tiene licencia de detective" y Martínez del Hoyo manifiesta que "las grandes sumas de dinero que recibió por un trabajo cuyo coste era notoriamente inferior" es "perfectamente entendible como un pago por la realización de actuaciones ilícitas o a cambio de su silencio".