Cuando Juan Espadas tomó el bastón de mando, una de las primeras medidas que prometió fue la creación de una oficina antidesahucios. El gobierno local, aún con su estructura a medio definir, intervino para realojar y dar solución a varias familias que se encontraban a punto de ser desahuciadas en la primavera de 2015. El año pasó y aquella promesa y aquellas actuaciones puntuales parecieron diluirse, como le recordaron una y otra vez los dos grupos políticos -IU y Participa- que le dieron su apoyo a cambio de que pusiera en marcha medidas sociales para que nadie perdiera su vivienda por no poder pagar la hipoteca. El gobierno alegaba la necesidad de discreción para estas tareas.

Un año después, y también con cierta discreción, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la oficina antidesahucios que prometió el alcalde nada más llegar a la Alcaldía. Lo hace con otro nombre oficial, claro, el de Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda de Sevilla, pero básicamente será un departamento que se encargue de valorar cada caso y atender a aquellos que estén a punto de perder sus pisos por no poder hacer frente a las deudas con el banco.

El Ayuntamiento informó ayer en una nota de prensa de que esta oficina ha comenzado ya a prestar servicio y ya está atendiendo al público en una sede ubicada en San Jerónimo. El gobierno local añade que cumple así con el mandato del Pleno del 24 de noviembre de 2015 para abordar las necesidades de vivienda en la ciudad, "así como las situaciones de pérdida de la misma, procurando dar solución a problemas habitacionales con especial atención a los sectores más desprotegidos".

La oficina cuenta con un presupuesto de partida de 2,3 millones de euros y prestará servicio de asesoramiento legal y jurídico a las familias con este tipo de problemas. Tendrá que hacer también labores de prevención de los desahucios, mediación con la banca, entidades financieras y los juzgados y protección de las personas con más necesidades. Por ello, el nuevo departamento tendrá que trabajar en "estrecha colaboración" con los servicios sociales municipales, cuyos técnicos determinarán la urgencia de cada caso a la hora de asignarle una vivienda pública.

Después de ser analizada por los profesionales, cada familia será derivada a la oficina antidesahucios, que llevará a cabo un nuevo análisis más detallado. Aquí se verá en qué fase está cada expediente y qué riesgos contempla en concreto antes de decidir si se le debe asignar una vivienda pública o no. El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, mostró su satisfacción por que Sevilla cuente "por fin" con esta oficina.