El Ayuntamiento ha defendido su gestión de las licencias de apertura de establecimientos, donde se ha reducido un 15 por ciento el tiempo de tramitación, ha aumentado un 21 por ciento el número de expedientes, con una media mensual de 97 licencias de apertura tramitadas y 76 de cambio de titularidad, un 38 por ciento más.

El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez ha indicado que el modelo del anterior gobierno, PSOE e IU, "no funcionaba puesto que se atascaban la tramitación de las licencias y la capacidad emprendedora en la ciudad de Sevilla". "Ahora se ha cambiado por un modelo que sí funciona y que genera confianza y atracción inversora. En definitiva, con un modelo que cumple con todos los requisitos de garantía y seguridades para los ciudadanos", ha explicado.

En este sentido, recuerda que la gestión municipal popular hasta finales de noviembre ha hecho que se resuelvan un total de 1.008 expedientes, de los que 145 tenían más de cuatro años, 485 eran licencias de apertura y 383 de cambio de titularidad. Además, se ha pasado de dos años y un mes, con expedientes de licencia de apertura de hace más de nueve años, a un año y ocho meses.

Así, indica que la nueva ordenanza se hace en aplicación de la normativa sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa; además de la relativa a la norma sobre materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, "todas de gobiernos socialistas del Estado o de la Junta".

"La realidad es que frente a la afirmación del PSOE municipal de que la declaración responsable suponen actualmente el 70 por ciento, apenas supone el 25 por ciento por la cicatera y farragosa descripción actual que no se acomoda a la ley vigente ni ha servido para aligerar los trámites de apertura como puede confirmar cualquiera que quiera poner en marcha una actividad en Sevilla con la normativa que aprobó el PSOE", sentencia.

Igualmente, Vílchez recuerda que "antes y durante" el proceso de redacción de la norma se han mantenido reuniones con la Plataforma juristas para el descanso, los Colegios profesionales de Arquitectos, Ingenieros Superiores, Arquitectos e Ingenieros Técnicos, organizaciones profesionales y se ha contado con asesoramiento de catedráticos de la Universidad de Sevilla, además de haber constituido un grupo de trabajo con los funcionarios de la delegación en la rama jurídica y técnica, "pocos más cabría oír".

También, señala que las actividades calificadas, aquellas que pueden tener una influencia perjudicial sobre terceros están sometidas a calificación ambiental por la legislación autonómica. "El avance es que por el Decreto 247/2011, de 19 de julio, por el que se modifican diversos Decretos en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas pueden tramitarse por declaración responsable si antes han obtenido la calificación ambiental, motivo por el que se separan dichas fases", indica Vílchez, que señala que al darse un plazo de emisión de esta declaración ambiental de dos meses otorga seguridad jurídica al empresario que con el actual sistema se veía sometido a plazos de más de dos años, llegándose a nueve.

Además, afirma que el cambio de titularidad se hace por declaración responsable y deja claro que el PSOE parece "desconocer" que el aligeramiento de las labores burocráticas de autorización de todo tipo de negocios supondrá la "liberación de un buen número de funcionarios que pasan de examinar en un despacho la documentación a comprobar in situ la realidad de lo efectuado y su adecuación al proyecto presentado". Del mismo modo, se muestra "sorprendido" por la "preocupación" del PSOE por las labores inspectoras "cuando en todo el tiempo en que ha estado vigente la actual norma no ha elaborado ningún Plan de inspección aunque así venga previsto en la norma vigente".

Estos aspectos vienen salvaguardados en el nuevo texto en dos títulos que detallan la comprobación posterior a la puesta en marcha y el régimen sancionador que es "más estricto al hacer recaer la responsabilidad administrativa, civil e incluso penal en el titular de la actividad y el técnico que suscribe la documentación y proyectos presentados", añade.

"Es por ello que parece que las alegaciones del PSOE responden más a la necesidad de justificar el fracaso de la anterior normativa por parte de la antigua responsable del área y actual concejal, Encarnación Martínez, que a razones objetivas. No obstante las alegaciones presentadas por el PSOE serán estudiadas con el máximo detenimiento, como las de otros colectivos, por si hubiera algo que permitiera perfeccionar un texto ya de por si muy completo y sometido a constante contraste con la realidad", sentencia.