El Ayuntamiento de Sevilla aseguró ayer que carece de medios para actuar contra las prácticas ilegales de taxistas denunciadas por algunos usuarios durante esta Feria y que se cometen año tras año, tales como el cobro de 50 euros por trayecto a altas horas de la madrugada (al margen de las tarifas oficiales) y la emisión de recibos falsos.

En declaraciones a este periódico, el concejal de Movilidad, Francisco Fernández, alegó que el Consistorio "no puede investigar" estas ilegalidades porque "no hay datos" necesarios para hacerlo y que tampoco se puede actuar, a menos que se coja in fraganti a sus autores, para lo que reclamó la ayuda de los ciudadanos porque "este tipo de prácticas sólo se puede perseguir con la colaboración ciudadana".

La ayuda ciudadana consiste, según Fernández, en que el usuario vigile antes de pagarle a un taxista que el número de licencia colocado en el salpicadero coincide con el que debe aparecer troquelado en el recibo del trayecto y que también coincida el número de la matrícula del vehículo. "Cuando los ciudadanos comprueben esos datos se acabarán estas prácticas" ilegales, declaró el edil a Onda Cero. La idea del concejal de Movilidad es complicada a menos que el Ayuntamiento se afane en colocar en la Portada de la Feria amplios carteles informativos del precio oficial de los taxis y de cómo comprobar la legalidad de los recibos, sobre todo pensando en los miles de turistas que visitan la ciudad en las fiestas primaverales, cuando se dan con más frecuencia estas prácticas.

El argumento del concejal de que no se puede investigar sorprende por cuanto los usuarios que denunciaron el domingo estas prácticas aseguran tener datos de las matrículas de los taxis e incluso disponen de los recibos falsos con el detalle de 50 euros que los taxistas infractores entregaron a los clientes.

En cuanto a la imposibilidad de actuar, el concejal Fernández admitió ayer a este periódico que el Ayuntamiento ni siquiera puede aplicar multas o penalizaciones en estos casos porque "las sanciones por vía judicial no prosperan". Los jueces estén tumbando las sanciones que impone el Ayuntamiento a los taxistas debido a que aún no ha sido aprobado por la Junta de Andalucía el Reglamento andaluz del Taxi, una asignatura pendiente desde que en 2003 entró en vigor la Ley de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros. Entre otros asuntos, este vacío normativo ha impedido al gobierno local actuar contra los centenares de titulares de licencia del taxi que burlaron los turnos de trabajo durante la huelga de Semana Santa y Feria de 2006. Esta situación también amenaza con anular la retirada de dos licencias del taxi.

Según el concejal de Movilidad, la fecha de aprobación del Reglamento andaluz del Taxi es una incógnita, sobre todo ahora que el Gobierno andaluz está en pleno proceso de renovación de sus cargos tras las últimas elecciones autonómicas. El gran problema de este parón es que el Ayuntamiento de Sevilla mantiene también paralizada la aprobación de una nueva ordenanza del taxi que acabe con las evidentes carencias de la que está en vigor.

Fuentes cercanas al sector del taxi aseguran que la redacción del Reglamento no es necesaria para aplicar sanciones, puesto que el texto de la Ley andaluza de Transportes ya incluye un listado completo de multas en los artículos 39 y siguientes. Para el concejal sevillano de Movilidad, el Ayuntamiento también creía que era así, pero esta consideración no es la que tienen los jueces.

En declaraciones a Onda Cero, el responsable de Movilidad rechazó ayer también como posible solución al fraude de algunos taxistas que se ponga vigilancia de agentes de policía vestidos de paisano en la Portada de la Feria para detectar los taxis con la luz apagada que captan a usuarios por tarifas abusivas. Según Fernández, los expedientes a taxistas que se abrieron en su día con pruebas obtenidas con este tipo de vigilancia son directamente archivados por un juez por lo que "no sirven de nada".

En la misma emisora, el concejal socialista califica de "sinvergüenzas" a los taxistas que ejercen estos cobros ilegales pero recalca que se trata de un grupo reducido: "Son muy pocos en un sector que está lleno de profesionales, pero hacen mucho daño a la ciudad".

A la pregunta de por qué la Policía Local no ha extremado más la vigilancia sobre los cobros ilegales, el edil de Movilidad declaró que le consta que los agentes "hacen grandes esfuerzos para evitar el intrusismo porque son ellos los más interesados".