La Policía Local contará con más medios para luchar contra la prostitución y la explotación sexual en la vía pública. El Ayuntamiento aprobó este martes con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos una modificación de la ordenanza en la que se establecen medidas para facilitar la actuación de los agentes. Entre los cambios se incorpora la consideración de que ha existido pago "cuando se haya observado el intercambio de dinero o especie, cuanto así se reconozca por quien ha ofrecido el pago o retribución o cuando se observen otras circunstancias que, a juicio del agente de la autoridad, prueben que ha mediado dicha transacción".

Los policías podrán requerir verbalmente a las personas que no respeten las normas que desistan en su actitud o comportamiento, advirtiéndoles que en el caso de resistencia pueden incurrir en responsabilidad penal por desobediencia, y a las presuntamente responsables para que se identifiquen. En la ordenanza municipal contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual (que entró en vigor el 28 de octubre de 2011) se modifica el artículo 24, que regula la situación de obstrucción a la labor policial. Contarán con la sanción máxima en su categoría "la negativa o la resistencia a las tareas de inspección o control por el personal municipal autorizado para ello"; "la negativa a suministrar datos o facilitar la información requerida"; "suministrar al personal funcionario actuante información falsa, inexacta, incompleta o que induzca al error"; y "el incumplimiento de las órdenes o requerimientos específicos".

Por último, se ajusta un nuevo elemento probatorio: "En los procedimientos sancionadores que se instruyan en aplicación de esta ordenanza los hechos constatados por agentes de la autoridad tienen valor probatorio, de acuerdo con la normativa aplicable, sin perjuicio de otras pruebas que puedan aportar quienes sean interesados".

El equipo de Juan Espadas también ha añadido novedades en la lucha contra la publicidad que favorezca la explotación sexual. Se incorpora como prohibido la publicidad que favorezca la explotación sexual en cualquier medio audiovisual; folletos, panfletos o cualquier otro formato en papel; y los ya existentes como publicidad móvil, vehículos remolques o cualquier bien de uso público, edificios municipales, fachadas y cartelería.

 Los cambios que se realizarán en la norma endurecen las sanciones en algunos supuestos

Para facilitar y favorecer la tramitación administrativa se revisan los plazos de acuerdo con la normativa para reducir las prescripciones, se favorece la coordinación entre delegación de Hacienda, delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria y Policía Local, y se facilita la tramitación de las notificaciones a través de la Agencia Tributaria. Además, se clarifica el marco sancionador al modificarse la clasificación de las infracciones para mejorar la tramitación administrativa.

Durante la sesión plenaria, la concejal de Igualdad Myriam Díaz defendió esta modificación de la ordenanza, recordando que esta regulación municipal nacida en 2011 fue una norma "pionera e innovadora" que ha sido "modelo y referente" para otros ayuntamientos y exponiendo que tras recoger "algunas aportaciones", se ha decidido "introducir aspectos" que no suponen una "modificación sustancial", sino una "mejora" en lo que concierne al trabajo policial, la publicidad y la tramitación de las sanciones.

El voto en contra fue de Participa Sevilla. Susana Serrano alertó que tanto en la ordenanza como en el discurso del gobierno socialista hay "confusiones de términos", al no mediar "distinciones" entre la explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual y otro tipo de situaciones de trabajo sexual. "No todas las mujeres que ejercen la prostitución entienden que el trabajo que desarrollan sea una situación de violencia hacia las mujeres, aunque es cierto que se da mucha violencia machista en este tipo de trabajo", detalló. Izquierda Unida justificó la abstención en que no entiende que sea necesaria la modificación y alertó de que los cambios promovidos implican incluso "disminuciones" en algunas de las penas.