El Ayuntamiento ha perdido más de 20 pleitos por las 'botellonas'

  • La mayoría de las denuncias se presentaron antes de que entrara en vigor la ley 'antibotellón' · Los vecinos aplauden el último fallo, que obliga a la administración local a pagar 24.000 euros de multa

El Ayuntamiento de Sevilla acumula más de 20 sentencias condenatorias en las que la Justicia culpa al gobierno municipal de no tomar medidas contra las concentraciones urbanas que producen ruido. El juzgado de lo Contencioso número 5 ha sido el último en dar la razón a los ciudadanos. En este caso, a una vecina que llevaba tres años soportando los efectos de la movida juvenil. La mayoría de estas demandas se interpusieron antes de que entrara en vigor la ley antibotellón, a finales de 2006.

Así lo señala el letrado Joaquín Herrera, miembro de la asociación Juristas contra el Ruido y abogado de Concepción Barrios, vecina de la Ronda Histórica a la que el Consistorio tendrá que indemnizar con 24.000 euros por no actuar contra la botellona durante tres años. Según este abogado "es presumible que después de esta sentencia sean más vecinos los que se animen a denunciar las grandes molestias que sufren". Para este abogado, "los tribunales están poniendo las cosas en su sitio, ya que nadie se atrevía a colgarle el cascabel al gato, en este caso, el Ayuntamiento".

Este tipo de demandas se presentan en los juzgados de lo Contencioso donde -según Herrera- se procede a "una revisión de los actos administrativos para comprobar si, en este caso el ayuntamiento, está actuando correctamente para preservar el derecho al descanso del ciudadano". Aunque esta sentencia cuenta con más de una veintena de precedentes, es la primera vez que se condena a la Administración local a pagar una cifra tan alta. La más elevada que se ha concedido hasta ahora en España.

Las reacciones no se han hecho esperar. Mientras, el gobierno municipal da la callada por respuesta, a espera de recibir la sentencia condenatoria. El que sí ha hablado ha sido el Defensor del Pueblo Andaluz. José Chamizo es consciente de los daños que producen ciertas concentraciones. "El ruido deja muchas secuelas, hay personas que han perdido el control de los nervios, por este motivo la sentencia se ha dictado en una dirección adecuada".

Chamizo puntualiza que "tampoco se puede indemnizar a todo el mundo. Para evitar este gasto los ayuntamientos deben agilizar los trámites que habiliten un recinto como botellódromo y dotarlos de los recursos necesarios". Una gestión de la que ya se está encargando el consistorio hispalense, que ha anunciado que el próximo otoño ya estará en funcionamiento el botellódromo -rebautizado con el nombre de Seviocio- en la bancada de la Expo. Este recinto se inaugurará con más de un año de retraso, después de que se anunciara su apertura para mayo de 2007.

El Defensor del Pueblo también se ha percatado de cómo en algunos lugares la confrontación entre el derecho al descanso y el de ocio se ha ido solucionando, "aunque, eso sí, no se ha resuelto del todo".

Los representantes vecinales también han aplaudido esta decisión judicial. Dolores Dávila, presidenta de la Plataforma por el derecho al descanso, ha precisado que la cuantía de 24.000 euros "no es excesiva si se tiene en cuenta la cantidad de años que esta vecina ha tenido que soportar los daños del botellona". Dávila es consciente de que "ese dinero procede de los impuestos que pagamos los sevillanos, por lo que desde la plataforma pedimos al alcalde y su gobierno que actúen de oficio, que para eso tienen competencia, y clausuren aquellos bares que no cumplen el horario de cierre ".

La oposición política también se ha manifestado. Juan Miguel Luque, concejal del PP, ha lamentado "que la multa saldrá de los bolsillos de los sevillanos, que tienen que abonar la ineficacia del Ayuntamiento". Luque señala que la falta de previsión del actual gobierno municipal se puede comprobar en "la carencia de un modelo de ocio para los jóvenes".

Por ahora ni la Delegación de Medio Ambiente ni la de Seguridad y Convivencia han querido hacer declaraciones. Entre otras razones, alegan que cuando se inició este trámite judicial eran otros ediles (del PSOE) los que estaban al frente de ellas.

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