El Ayuntamiento reducirá un 40% los gases nocivos en cuatro años

  • El plan contra el cambio climático incluye la adopción de 78 medidas en distintas áreas

Acabar con los malos humos. Éste es uno de los objetivos principales que persigue el Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenibles (Paces) que será llevado al Pleno de hoy para luchar contra el cambio climático. Este programa, al que ha dado el visto bueno la Agencia Local de la Energía, contempla la adopción de 78 medidas que afectan a todas las áreas del Ayuntamiento, especialmente las concernientes a edificios municipales, Tussam y Emvisesa. De cumplirse, en 2020 se habrá reducido un 40% la emisión de gases nocivos, una disminución que supondrá la inversión de 215 millones, importe que procede de partidas de distintas administraciones públicas.

La adopción de tales medidas responde al compromiso adquirido por Juan Espadas en el pacto de los alcaldes contra el cambio climático firmado el pasado diciembre en París. El Paces supone la continuación del Plan de Acción de Energía Sostenible puesto en marcha en Sevilla en 2010, durante el mandato de Monteseirín, y que ya se actualizó hace tres años, como recordó ayer la delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño, quien presentó el programa junto a la directora general de Economía, Esperanza Caro; el coordinador de la Agencia Local de la Energía, Eladio Martín; el gerente de Tussam, Francisco Arteaga; y su homólogo en Emvisesa, Felipe Castro.

Desde que comenzó esta década se han logrado reducir 636.000 toneladas de dióxido de carbono al aire que respiran los sevillanos. La intención es que dentro de cuatro años esta merma sea de 1,4 millones de toneladas, es decir, una reducción del 40%, según apuntó Castreño. Para alcanzar esta cifra, el documento propone 78 medidas divididas en cuatro apartados: mejora de la eficiencia energética en los edificios municipales, desarrollo de una movilidad sostenible, ahorro energético y fomento del consumo responsable.

El primer apartado incluye una auditoría -que ya se está realizando- para la certificación de todos los inmuebles de titularidad municipal, la instalación de placas fotovoltaicas y la conexión de las ya existentes en 53 centros educativos de la ciudad, la colocación de placas solares en las nuevas viviendas de Emvisesa, la mejora de la eficiencia en las instalaciones de bombeo del IMD y la sustitución de las luminarias en el parque central de Lipasam.

Respecto a la movilidad sostenible, se propone el diseño de una red de recarga de vehículos eléctricos, la adaptación de los edificios para que acojan estos puntos de recarga, la renovación de la flota de Lipasam con adquisición de vehículos eléctricos, un plan de sostenibilidad del aeropuerto, la continuidad en los carriles bus ya implantados y su ampliación a más de una decena de grandes vías. Pero, sin duda, entre las medidas contempladas en este apartado destacan tres por su importancia en el urbanismo de la ciudad y la inversión necesaria: la ampliación del tranvía hasta la estación de Santa Justa, la peatonalización de más viarios estratégicos y la implantación de carriles de bus de transporte rápido (BTR). El primero de éstos últimos se pondrá en marcha en septiembre entre la parada del Metro en Blas Infante y la del tren de Cercanías en la Cartuja.

En cuanto al ahorro energético, se procederá a la calificación y certificación de la sostenibilidad en instalaciones y obras, a la bonificación por el uso de placas solares, el desarrollo de programas de educación ambiental y la recuperación y aprovechamiento del biogás producido en el vertedero, entre otros procedimientos. La lucha contra el cambio climático también implica un modelo urbanístico de ciudad que conlleva medidas reclamadas desde hace tiempo, como la plantación de árboles en alcorques vacíos, el aprovechamiento de los naranjos en Sevilla y la proyección de zonas verdes en jardinería vertical.

La adopción de las 78 medidas supone un desembolso de 430 millones, de los cuales ya se han ejecutado la mitad gracias a partidas procedentes de otras administraciones. Quedan, por tanto, por invertir otros 215 millones.

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