La juez María Núñez Bolaños, que investiga el delito societario en la empresa Mercasevilla, ha vuelto a remitir una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que este órgano superior investigue al parlamentario andaluz del PSOE y vicesecretario general del PSOE de Sevilla Carmelo Gómez, en relación con los supuestos "contratos simulados" con las empresas del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, cuyas nóminas habrían sido abonadas por Mercasevilla mediante cuatro facturas falsas.

En la nueva exposición razonada elevada al TSJA –que en enero devolvió la causa al juzgado de Sevilla para que concretara las imputaciones al parlamentario-, Bolaños reitera que existen indicios "racionales de criminalidad" de que tanto el contrato de Carmelo Gómez como el de los otros investigados "pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna y abonados con fondos procedentes de la entidad Mercasevilla, mediante el pago de facturas por trabajos no realizados".

La juez pide que se investigue además en relación con estos hechos a otras seis personas no aforadas: el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García; el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; el conseguidor de los ERE Juan Lanzas; el cuñado de éste, Ismael Sierra; María del Carmen Rodríguez, nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; y el gestor José Rodríguez López.

En el nuevo informe, Bolaños explica que Carmelo Gómez, que estuvo dado de alta en Maginae Solutions entre el 22 de marzo de 2007 y el 1 de agosto de 2007, fue contratado como “técnico superior en dietética”, pero para la magistrada “en principio no parece existir una correlación entre el objeto social y el objeto de la contratación”, puesto que el objeto social de la empresa consiste en el asesoramiento de empresas y entidades, de carácter público o privado, en el orden sociolaboral, económico y tecnológico, así como todo lo concerniente a gestión de recursos humanos, entre otras funciones, y además se ha constatado que esta empresa “contrataba personal sin trabajo y sin objeto de prestación alguna”.

La juez, que antes de volver a elevar la causa al TSJA tomó declaración a varios trabajadores de las empresas de Lanzas, señala que “ningún trabajador de Maginae Solutions conocía a Carmelo Gómez, ni existe documento, informe o cualquier otro elemento que acredite la prestación de servicios de Carmelo Gómez” a esta empresa.

Bolaños sostiene que Maginae “pudo haber percibido de Mercasevilla unas cantidades que resultan coincidentes con las percibidas por Carmelo Gómez y los otros trabajadores a que hace referencia la exposición razonada a través de facturas falsas”, de modo que Maginae “recibiría fondos de Mercasevilla para pagar las nóminas de Carmelo Gómez y los otros trabajadores”.

La juez añade sobre estos contratos, incluido el de Carmelo Gómez, que puede indiciariamente afirmarse que “fueron firmados en la sede de Mercasevilla y en presencia del señor Mellet”, de acuerdo con la declaración realizada por el ex concejal del PSOE y también investigado José Antonio García.

Para la magistrada, existen indicios asimismo respecto a cómo se elaboraban, con cargo a otras empresas, “facturas falsas”, por lo que esta actuación “pudo hacerse extensiva a las facturas que aparecen con cargo a Mercasevilla”, y concluye que “presumiblemente” las cantidades percibidas por Carmelo Gómez “procedían realmente de Mercasevilla”.

La magistrada considera que los hechos que se les atribuyen tanto al al parlamentario andaluz como a los otros investigados podrían ser constitutivos de tres delitos. Un delito de prevaricación, derivado de la firma de los contratos, que atribuye a Mellet, Lanzas, a su cuñado Ismael Sierra y a José Rodríguez. Otro de malversación de caudales públicos, en relación con los distintos actos de disposición realizados “sin control ni causa legítima”, que atribuye a Mellet, Lanzas, Sierra y José Rodrgíez, y como receptores de las cantidades a Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez. Y un tercer delito de falsificación de documento mercantil, derivado de la “confección, presentación y pago de las facturas”, del que responsabiliza presuntamente a Lanzas, su cuñado, José Rodríguez, y a Mellet como cooperador necesario.

En la nueva exposición razonada elevada al TSJA, Bolaños reitera que Juan Lanzas e Ismael Sierra, “en connivencia” con Fernando Mellet y la colaboración del gestor José Rodríguez expidieron “cuatro facturas” por Maginae Solutions, Promociones y Construcciones Castellsur y Ángel Francisco López Gálvez a nombre de Mercaevilla por importe de 263.971,13 euros, facturas que estarían amparadas en los contratos de servicio firmados por Maginae y Mercasevilla.

Para la juez, los indicios hallados en la investigación policial permitirán inferir que “los salarios y seguros sociales” de Carmelo Gómez, José Antonio García y María del Carmen Rodríguez, “fueron abonados con dinero procedente de Mercasevilla”.

La juez concluye la exposición razonada considerando que deber ser el TSJA el que continúe la instrucción de la causa, “pues podría existir indiciaria responsabilidad penal del parlamentario Carmelo Gómez, en íntima conexión con otras personas no aforadas”. Así, la instructora entiende que la investigación por parte del Alto Tribunal andaluz debe extenderse a las personas no aforadas porque, precisa, “no parece que sea posible tramitar separadamente la causa para la persona aforada con separación de los segundos por órganos distintos en procedimientos diferentes, imponiéndose en principio, como consecuencia del principio de continencia de la causa, la vis atractiva a favor de la competencia de esa Sala con el fin de evitar que pudieran dictarse resoluciones contradictorias”.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil puso de manifiesto la existencia de indicios suficientes para considerar que el ex director general del Mercado mayorista Fernando Mellet, “en connivencia” con Juan Lanzas e Ismael Sierra, abonó 70.024 euros (33.024 y 37.000 euros) para el pago de las nóminas Carmelo Gómez y las otras dos personas, dado que esta cantidad “prácticamente coincidiría con el importe total de las retribuciones percibidas en concepto de rendimientos del trabajo y dietas exceptuadas de gravamen, más los costes de Seguridad Social”, que ascendía a 69.751,41 euros por los tres trabajadores.

Carmelo Gómez estuvo contratado por la sociedad Maginae Solutions, vinculada a Lanzas, entre el 22 de marzo de 2007 y el 1 de agosto de ese mismo año, es decir, figuró dado de alta durante 133 días, y el importe de las retribuciones que percibió ascendió a 8.390,55 euros, cantidad que “coincidiría prácticamente con el importe de los pagos  en concepto de abono de nóminas detectados a favor de Carmel Gómez, 7.846,19 euros”.