Cinco días después del desalojo de Casas Viejas llegó el capítulo de las aclaraciones. Las acusaciones de tortura y malos tratos realizadas este fin de semana por Agustín Toranzo e Iván Díaz, los dos okupas que se encerraron en un zulo subterráneo durante 37 horas, han provocado un profundo malestar entre los policías y bomberos que participaron en el rescate de estos dos activistas. Tanto, que estos funcionarios, que no se prodigan demasiado en las declaraciones públicas, ofrecieron ayer sendas ruedas de prensa para informar de cómo se produjo el desalojo de Casas Viejas.

Los representantes del Sindicato Profesional de Bomberos (SPB) negaron que se hubiera torturado a nadie en Casas Viejas y consideraron que los okupas les "tomaron el pelo". El secretario general de este sindicato, Juan Carlos Bernabé, indicó que la central mayoritaria en el cuerpo no se querellará contras los okupas para no darle más notoriedad pero quiso hacer una declaración pública desmintiendo las torturas para evitar que se cumpla el dicho de "quien calla otorga". Los funcionarios se han sentido utilizados y echan en falta el respaldo público del gobierno local.

Javier Sanabria, el bombero que pasó más tiempo en el zulo junto a los dos okupas, relató como se produjo la operación de desalojo de Casas Viejas. "Lo que realmente hicimos allí fue el tonto, porque nos decían que no podían soltarse y luego resulta que tenían un mosquetón que podían accionar en cualquier momento. Nuestra única preocupación era salvar su vida y la de los bomberos que estaban dentro del zulo".

"Tratamos de dialogar con ellos, de mediar para que salieran por su voluntad y no tuviera que ser la Policía quien los sacara, pero luego nos enteramos que tenían cámaras y micrófonos para grabarnos. Fue todo un montaje". Sanabria entró en el túnel a las ocho de la mañana del viernes y estuvo entrando y saliendo durante toda la jornada. "Al principio hubo un trato cordial, hablamos de cosas como el mundo de los sindicatos y también de fútbol. Pero al rato nos decían que nos fuéramos. Ahora entiendo por qué. Porque cuando había alguien allí estaban obligados a tener el brazo dentro del tubo".

Tras varias horas de cordialidad la tensión fue creciendo dentro del zulo. Los Bomberos trataron sin éxito de encontrar mediadores válidos. Un ingeniero de minas estudió el zulo y propuso llegar a los okupas a través de un túnel paralelo, pero los Bomberos, creyendo que la estructura corría peligro de derrumbe, trataron de retrasar esta medida una vez que ya sabían que los dos okupas podían soltarse.

"Nos amenazaron con pegarle una patada a un puntal y que se derrumbara todo, con pegarnos patadas a nosotros. Por eso bajó la Policía para atarles los pies y la mano que quedó libre. Agustín estaba cada vez más nervioso y me llegó a decir que bajara la Policía y le pegara dos hostias. Creo que eso era lo que quería porque tenían las cámaras preparadas para grabarlo todo". Cuando ya llevaban tres cuartos de hora atados, los dos activistas pactaron su salida porque se les dormían los músculos. Iván cumplió su palabra, Agustín no y volvió a ser atado.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también salió al paso de las denuncias efectuadas por los okupas. Su secretario general en Andalucía, Manuel Espino, negó que hayan existido malos tratos y fue más allá. Espino recordó los pasquines en euskera aparecidos en el inmueble y dudó que el túnel no tenga otra utilidad que la de resistencia al desalojo. "Este zulo nos recuerda mucho a los que fabrica la banda terrorista ETA".

Por su parte, el primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, dijo ayer que no puede "avalar" la acusación de torturas, pues no vio ningún maltrato en el desalojo, sino una "exquisita profesionalidad" en todos los que intervinieron.