La Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), organismo que representa a la patronal sevillana, demanda al alcalde que impulse cuanto antes un plan especial de viabilidad para poder reestructurar la empresa municipal de transportes (Tussam) y la de limpieza (Lipasam), las dos sociedades incluidas dentro del consorcio público municipal (De Sevilla AIE) que arrojan año tras año resultados económicos tan negativos que -sobre todo en el caso de Tussam- están a punto de llevar a ambas a la quiebra. El gobierno municipal, de hecho, ha puesto en marcha una operación de urgencia para garantizar la supervivencia de estas empresas públicas consistente en adscribirles directamente una parte del patrimonio municipal que usan para sus actividades (edificios y suelo) con el fin de ampliar su capacidad de endeudamiento y obtener así ingresos extraordinarios.

Los empresarios, integrados dentro del Consejo Económico y Social con otros agentes económicos y políticos de la ciudad, han elaborado un voto particular sobre las cuentas municipales de 2008 que pone en cuestión la mayor parte de las tesis oficiales defendidas por el edil responsable del área de Hacienda, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. En su escrito, que fue discutido en el pleno de este órgano de concertación celebrado esta semana, la patronal reclama al Consistorio que, habida cuenta de la crítica coyuntura en la que se encuentran las empresas municipales de transporte y limpieza -cada año necesitan importantes y continuas aportaciones dinerarias desde el Ayuntamiento vía transferencias- active "un plan de reestructuración para estas sociedades aplicando criterios de eficacia y eficiencia en su gestión empresarial, en especial cuando (dentro de la política de ingresos de ambos entes públicos) se bonifica económicamente el servicio prestado a determinados colectivos". En 2008 estas dos empresas públicas municipales recibirán como aportación anual a fondo perdido más de 82 millones de euros.

Los empresarios insisten, en su voto particular, en que el gobierno local implique a los órganos de gobierno de ambas empresas públicas en la búsqueda de "más recursos y [logren así una] optimización que permita reducir la dependencia económico-financiera que actualmente soporta la Corporación Municipal". Y añaden: "No es congruente (en relación a Tussam) que una empresa pública con tanta dependencia funcional y económica del Ayuntamiento siga manteniendo una actividad tan deficitaria sin que se realice un estudio de viabilidad serio sobre la misma".

No es éste el único asunto en el que la CES se muestra crítica con la política presupuestaria de la coalición PSOE-IU. En general, el informe de la patronal censura, entre otros aspectos, que las cuentas municipales no se presenten en tiempo y forma ante los agentes sociales en lo que a su liquidación se refiere, al tiempo que rechaza los escasos plazos con los que se les entrega la documentación sobre la que tendrán que pronunciarse y emitir un voto. Incluso discuten las líneas maestras del próximo presupuesto, donde el rasgo más elocuente es el importante descenso en las inversiones, sin que éste vaya acompañado de ahorro alguno en los gastos burocráticos (partidas de personal y funcionamiento corriente).

Sobre los aspectos formales, la CES es explícita: "Pese a poner de manifiesto (al gobierno local) que el plazo de 15 días naturales en trámite de urgencia es absolutamente insuficiente (para dictaminar el presupuesto), por enésima vez no se tienen los documentos esenciales hasta dos días antes de la celebración del Pleno del Consejo Económico y Social (...). Éste no es un foro de documentación, sino de consenso y control de diversas materias". También llama la atención la patronal sobre cómo se les da el presupuesto: "No se corresponde el despliegue informativo que se produce en la presentación del presupuesto municipal con la escasa información que se recibe sobre su liquidación (en especial, en el caso de la empresa Mercasevilla)".

En relación al fondo del proyecto de cuentas municipales para 2008, la patronal admite que en términos generales se ha producido una reducción de la importante deuda viva municipal (ahora es de un 96 por ciento) pero considera que este descenso se ha logrado sobre la base de "eliminar inversión" en lugar de conseguirlo mediante "la contención de los gastos estructurales". Así, los empresarios alertan sobre el hecho de que todos los capítulos relacionados con la bucrocracia incrementan su montante por encima de la media mientras "se encubra el capítulo de personal hasta llegar al 41 por ciento del presupuesto global, consolidándose además dicho gasto para los próximos años, lo que pesará sobre los siguientes presupuestos".

En general, los empresarios no ven nada bien la caída en las inversiones ordinarias -que es del orden del 54 por ciento- por estimar que convierte a Sevilla en dependiente de otras administraciones públicas y no permite el desarrollo social de la ciudad. También censuran que casi todas las áreas municipales relacionadas con el crecimiento económico -Empleo, Innovación y Turismo- tengan unos presupuestos globales más que limitados.