Los empresarios, asociaciones y sindicatos del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), el órgano asesor del Ayuntamiento sobre cuestiones de interés que afectan al desarrollo económico y social de la ciudad, plantean serias modificaciones al texto de la futura ordenanza de Movilidad de la ciudad, aprobada inicialmente por el gobierno local del PP el pasado 12 de marzo. Estas alegaciones son, de momento, una propuesta de dictamen elaborada por una comisión interna de trabajo de los tres grupos del CESS pero serán ratificadas en el Pleno del próximo viernes 11 de abril.

Una de las reclamaciones que el consejo plantea es que la ordenanza garantice, en su título III, que los peatones no tengan obstáculos inseguros por las zonas de veladores, que cada vez ocupan más calles y plazas de la ciudad.

En este punto pide que los itinerarios peatonales se diseñen "de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y calidades de terminación permitan el uso y circulación, de forma autónoma y en condiciones de seguridad a todas las personas, con especial atención a las personas con discapacidad".

Y expone que "para garantizar estos itinerarios peatonales debe atenderse a remover, en toda la ciudad, todos aquellos obstáculos de la acera que impiden el normal desenvolvimiento del peatón" y que se cumpla de forma estricta la norma que regula los veladores. Esta misma reclamación la extienden a las zonas de paseo ocupadas por la venta ilegal y los manteros.

Sobre las personas con movilidad reducida, el consejo considera "desafortunada" la redacción de la ordenanza en el apartado de la supresión de barreras arquitectónicas.

Al valorar el título IV de las bicicletas, el grupo de trabajo del CESS asegura que "sobre las zonas de convivencia de peatones y ciclistas, echamos de menos un procedimiento que aclare cómo se determinarán estas zonas y por qué". Reclama que se proponga un nuevo y adecuado procedimiento por parte de la delegación de Movilidad, que sea valorado por un informe no vinculante del Pleno del Distrito afectado y con aprobación final del Pleno del Ayuntamiento.

En segundo lugar, opina que se debe "corregir" en la ordenanza los límites de velocidad y modularla discriminando el tipo de vía por el que discurra: zonas peatonales, carriles bici en acera o en calzada.

La tercera petición en este punto es que con vistas a mejorar la seguridad en estas vías, "la administración tiene la obligación de hacer frente al deterioro que actualmente registran estos carriles bici".

Y la cuarta, que es "obligada" la creación de un registro de bicicletas en la ciudad de Sevilla y la recomendación a todos los ciudadanos en general de que se inscriban en el mismo. Incluso propone que el número de inscripción pueda utilizarse a modo de matrícula voluntaria en una placa normalizada, por aquellos que lo deseen.

Sobre el título VII del tránsito, actividades y limitaciones de la vía pública, el grupo de trabajo del CESS considera "justo" suprimir la reserva de espacio para el estacionamiento de autoridades y vehículos oficiales. Y lo argumenta en que "la Administración debe compartir con los ciudadanos las dificultades en las paradas y/o estacionamiento, que es la verdadera garantía de que harán lo posible por remover estos obstáculos para todos".

Proponen, además, la supresión del calificativo público, en la reserva de espacio para centros sanitarios.

Al abordar el título VIII del estacionamiento regulado en superficie, en lo referente a las tarifas, se reitera la queja de que las zonas consideradas de rotación no pueden ser determinadas por el Área de Seguridad y Movilidad. El CESS plantea que estas áreas "se desglosen en un anexo, huyendo de la indefinición administrativa". Y que lo apruebe el delegado de Seguridad y Movilidad, con un informe no vinculante del Pleno del distrito afectado y aprobación del Pleno Municipal.

Sobre el capítulo IX del régimen sancionador, la principal reclamación es solicitar al Ayuntamiento unos plazos de prescripción de la sanción sensiblemente inferiores a los propuestos. La propuesta es un año para infracciones muy graves, seis meses para graves y tres meses para leves para ser "ambicioso en la defensa de los derechos de los administrados".