Los errores en el caso de Mari Luz

El CGPJ sabía desde 2007 que la saturación obligaba a crear otro juzgado Penal en Sevilla

  • El servicio que ha propuesto expedientar al juez Rafael Tirado reclamó hace tan sólo hace cuatro meses que se creara otro órgano judicial para combatir el elevado número de asuntos de esta misma jurisdicción

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El servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el mismo órgano que ahora propone expedientar al juez Rafael Tirado Márquez por errores y dilaciones en la ejecución de la condena por abusos impuesta al presunto asesino de Mari Luz, consideró necesario hace tan sólo cuatro meses la creación de un nuevo juzgado de lo Penal en Sevilla para combatir la sobrecarga de asuntos que afecta a esta jurisdicción.

La visita por la inspección se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2007 y la propuesta de creación del nuevo juzgado figuraba como el primer punto destacado en el apartado de “conclusiones y propuestas” del acta de inspección, donde se recogía que el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla tramitaba en ese momento hasta 615 ejecutorias de sentencias.

A nivel global, los trece juzgados de lo Penal que hay actualmente en Sevilla concentran 7.000 sentencias firmes que están en fase de ejecución, con una media de 532 causas ejecutorias por cada órgano judicial.

La necesidad de crear un nuevo juzgado ya fue puesta de manifiesto en la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), correspondiente al año 2006. En ese análisis de la situación de la Justicia andaluza, el TSJA señalaba que Sevilla superaba en un 13,2 por ciento el módulo de trabajo establecido por el CGPJ, que considera adecuado una tramitación de 450 asuntos por juzgado y año. Los jueces de Sevilla, en cambio, ingresaron ese año una media de 510 causas, pero lo más grave de la situación es el incremento de los asuntos pendientes. Si a principios de 2006 las causas que estaban sin resolver en los juzgados de lo Penal ascendían a 1.954, el año se cerró con 2.760 casos pendientes, lo que sitúa a los órganos penales de la capital andaluza como los más atascados de toda la comunidad autónoma, seguidos por los de Málaga, con 2.016 asuntos pendientes, y Cádiz, con 1.086.

El incremento de los casos pendientes tiene su origen a su vez en la mayor entrada de causas, porque aunque los jueces sevillanos resolvieron en 2006 un total de 5.819 asuntos, en ese mismo período recibieron 6.625 casos nuevos para su tramitación.

El informe de los servicios de Inspección del máximo órgano de gobierno de los jueces consideró que el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla presentaba una situación de “leve retraso”, tanto en los asuntos previos al dictado de sentencia como en la tramitación de las ejecutorias. El inspector apuntó ya entonces que no existía un “control superior” de las ejecutorias y señalaba que los sistemas “establecidos por la secretaria y los funcionarios se consideran poco eficaces y los menos apropiados a la situación del órgano”.

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