El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Emilio Carrillo (PSOE), incidió hoy en que, pese a que el Consistorio mantiene como primera vía la negociación con los promotores del centro comercial 'Nueva Galería' de Parque Alcosa --cuyos suelos el Ayuntamiento quiere adquirir, al mantener el edificio 'emparedados' a casi 50 familias de la Plaza de los Luceros por la cercanía entre fachadas--, se podría también iniciar un proceso expropiatorio.

A esta posibilidad, que Carrillo legitimó aduciendo que pueden existir circunstancias ligadas a una "alarma social", respondió la propiedad, uno de cuyos promotores, Pedro Cánovas, aseguró a Europa Press que, en principio, ésta sería "ilegal", pues, contrariamente a lo que sostiene la administración local, los promotores no ven motivo expropiatorio alguno.

El edil de Urbanismo señaló hoy, en declaraciones a los periodistas, que desde el punto de vista del Ayuntamiento, que ostenta la autoridad urbanística, la paralización de estas obras es "definitiva" y que si no se alcanza un acuerdo con los propietarios, "que es nuestra voluntad", se iniciaría una expropiación. No obstante, abogó por "seguir trabajando" y, tras asegurar "entender" que los propietarios "velen por sus intereses", señaló que cree que la vía negociadora "dará sus frutos".   

Los promotores también se muestran dispuestos a negociar "hasta el último día", según Cánovas, que no obstante manifestó que el concepto de paralización definitiva "no tiene sentido", puesto que en el mismo auto por el que se detenían las obras se especificaba que los trabajos no podrían retomarse si no se legalizan los trasteros o no se derriban, "y lo que haríamos es tirarlos".

El propietario de la parcela, asimismo, recordó que desde la pasada semana, fecha en la que la Gerencia de Urbanismo suspendió "a última hora" una reunión con los promotores, "no se han vuelto a poner en contacto", indicando además que "no nos han facilitado una valoración del edificio expresamente solicitada por nosotros".

En el caso de que el Ayuntamiento siguiera adelante con la expropiación, Cánovas señaló que "aún sin saber si dicha expropiación es legal o ilegal, y en principio creemos que no lo sería, lo que sí está claro es que ello desembocaría en un proceso judicial en el transcurso del cual el inmueble seguiría como está, por lo que el derribo en junio o julio es imposible salvo que se llegue a un acuerdo".

"De dos a seis años, con todas las consecuencias que de ello se derivarían" es el plazo en el que el edificio podría permanecer en su estado actual, dado el caso de que el conflicto pudiera llegar hasta el Tribunal Supremo, "y eso si la expropiación fuera legal, porque si fuera ilegal, lo más lógico es que el juez aceptara nuestra medida cautelar y siguiéramos con las obras", finalizó el promotor.