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Sevilla

Chamizo urge al Consistorio a erradicar la 'botellona' tras 5 años de "insumisión"

  • El Defensor del Pueblo Andaluz recuerda al Ayuntamiento la obligación de cumplir la ley autonómica que prohíbe beber en la calle y recomienda la toma de medidas urgentes para acabar con esas concentraciones

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha dictado una resolución en la que urge al Ayuntamiento de Sevilla a adoptar "medidas contundentes" para erradicar las botellonas en las que participan menores de edad, después de cinco "años de pasividad" y de "aparente insumisión" a la ley 7/2006, conocida como ley antibotellón.

La resolución del Comisionado del Parlamento, de fecha 1 de diciembre, incluye dos recomendaciones específicas al Ayuntamiento sobre las botellonas. La primera le insta a adoptar las "medidas oportunas" para dar un estricto cumplimiento a la ley que prohíbe beber en la calle. La segunda reclama "medidas urgentes para impedir y erradicar" las concentraciones que contravengan la norma y en las que "sea notoria la especial presencia de menores" tomando alcohol.

Chamizo recuerda precisamente al Consistorio los "deberes legales" impuestos por la normativa autonómica y "sugiere" al nuevo equipo de Gobierno que dicte, "a la mayor brevedad", una nueva resolución que derogue la que en noviembre de 2006 dictó el Ayuntamiento dirigido entonces por Alfredo Sánchez Monteseirín que fijó una serie de espacios abiertos en los que no se permitía la realización de las actividades de ocio previstas en la ley antibotellón. En su lugar, el Defensor pide que se determine "cuáles son los lugares autorizados" para la práctica de las actividades de ocio o bien que establezca "una prohibición absoluta" de las mismas en todo el término municipal.

El Defensor recuerda que el nuevo gobierno de Juan Ignacio Zoido proclamó su intención de "dar un giro" en la política seguida hasta el momento sobre las botellonas, pero considera que la solución no puede posponerse por más tiempo, dado el "deterioro de la situación y la grave incidencia del problema en el derecho a la salud" de los menores sevillanos. "Esta institución no tiene razones para dudar de la firmeza de unos propósitos municipales, cuyos objetivos compartimos plenamente y con cuyas intenciones nos identificamos. Las informaciones que vienen publicando los medios de comunicación parecen indicar que se están tomando medidas para aplicar con mayor rigor las prescripciones legales vigentes en esta materia", añade.

La resolución se ha producido tras la emisión de un reportaje en Cana Sur televisión sobre las botellonas de menores que se celebran los fines de semana en una explanada localizada entre la glorieta de Las Cigarreras, Carrero Blanco y el puente de Los Remedios, y en otra junto a unas instalaciones de Lipasam en la calle Alfredo Krauss. El Comisionado extrae de ese reportaje que los menores consumen alcohol "sin que aparentemente los medios policiales" lo impidan.

El Defensor recuerda que desde que entró en vigor la ley antibotellón, el Ayuntamiento no ha adoptado ningún acuerdo que permita el consumo de bebidas en espacios abiertos, por lo que la prohibición general está vigente. El informe hace hincapié en el "incumplimiento contumaz, consciente y reiterado" de la norma, a pesar de que el Defensor ha dictado dos resoluciones reiterando la obligación de cumplir la ley y de que se han producido sucesos como la muerte, en octubre de 2008, de un joven atropellado cuando huía de una reyerta en una botellona junto a Carrero Blanco.

A pesar de esas resoluciones, el Ayuntamiento "persistió en su actitud de aparente insumisión" ante la ley, lo que supuso "que no se evitase la concentración de jóvenes en la que en octubre de 2008 se produjo el luctuoso suceso". También han sido varias las condenas judiciales al Ayuntamiento, pero la situación no ha cambiado. "Ni la voluntad del legislador autonómico, ni las recomendaciones de este Comisionado, ni las reclamaciones de numerosos vecinos y vecinas afectados, ni las condenas de los órganos jurisdiccionales, ni siquiera los graves incidentes acaecidos en estos botellones con resultado de muerte, parecen haber sido suficientes para compeler al Ayuntamiento a cumplir con el rigor necesario una ley que le obliga como a cualquier otro municipio de Andalucía", concluye el Defensor.

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