El Juzgado de los Penal número 7 de Sevilla ha condenado una amenaza verbal grave por parte de un usuario contra un médico del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ejercía en el centro de salud de Palmete (Sevilla), como un delito de atentado contra la autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, lo que le ha supuesto una pena de un año de cárcel. Esta pena, no obstante, le ha sido sustituida por una multa de 1.460 euros, a razón de dos euros por día durante dos años, al carecer de antecedentes penales.

El letrado del Colegio de Médicos de Sevilla, Francisco de Cossío Ruiz, quien ha ejercido la acusación particular en este caso, ha explicado en declaraciones que lo novedoso de este fallo radica en que "por primera vez en Sevilla y provincia se condena una agresión verbal grave como un delito de atentado contra autoridad pública", una consideración, ha aclarado, "que hasta ahora sólo se reservaba en el caso de que la agresión fuese física".

De hecho, ha precisado que el acusado, "aunque no tenga pena de prisión, sí quedará con antecedentes penales por esta amenazas graves, tal y como ha quedado reseñado en la sentencia in voce del juez, que es firme".

En la misma línea, el abogado del sindicato CSIF de Sevilla, Ernesto Santos, quien ha ejercido por parte de la central sindical la acusación popular, ha coincidido en la "importancia" de este tipo de fallos, ya que, según ha dicho, "pueden también suponer un freno ante el incremento de agresiones verbales a profesionales sanitarios".

De igual modo, el presidente de la rama sanitaria de CSIF-Sevilla, Fernando Castelló, ha ahondado en la necesidad de que los tribunales comiencen a emitir este tipo de fallos "ante un fenómeno, el de las agresiones, que no es aislado y que parece va en aumento". Castelló ha recordado que en junio de 2010 la Audiencia Provincial de Sevilla ya resolvió que el caso del este médico que sufrió amenazas de muerte en julio de 2009 en el centro de salud de Palmete por parte de varios usuarios de una misma familia que le increparon tras exigirle que le atendiesen y recetasen un fármaco de forma urgente, fuese juzgado como un presunto delito de atentado contra la autoridad pública, tipificado en el código penal.

Aquella resolución, contra la que no cabía recurso de casación, estimaba así la apelación interpuesta por el propio galeno, Emilio T., y el sindicato CSIF, que ostenta la acción popular, contra la decisión que en un principio había dictado el juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla, de encauzar la causa como una falta administrativa.

La Audiencia fundamenta su decisión en la idea de que el funcionario público, tanto del ámbito de la sanidad como de la docencia, gozan de tal condición en los supuestos en los que sufre acometimiento, empleo de la fuerza, resistencia grave o intimidación grave, como de la presuntamente fue objeto, por lo que entiende que tales acciones "quedan incluidas en el ámbito de la tutela penal arbitrada por el delito de atentado".

Este tribunal, que hace referencia también al carácter público de estas profesiones por cuanto tratan "de satisfacer los intereses generales y el bien común", según plasma de lo ya recogido en una sentencia anterior de diciembre de 2007 del Supremo, concluye de esta forma que "se puede extraer de esta doctrina que, tanto el médico de la sanidad pública, como el profesor que presta sus servicios en la administración, son funcionarios a efectos penales y encajan así con toda nitidez en la definición del artículo 24 del Código Penal".

Los hechos se remontan a julio de 2009, cuando este médico, que trabajaba en el centro de salud del barrio de Palmete recibió "diversas agresiones verbales y amenazas de muerte" por parte de varios usuarios de una misma familia que le increparon tras exigirle que le atendiesen y recetasen un fármaco de forma urgente.

El facultativo agredido tuvo que darse de baja laboral poco después por estrés postraumático, tal y como el propio afectado relataba por aquel entonces a, cuando un usuario solicitó "de forma urgente y en tono exigente" que le recetasen un fármaco, a lo que el galeno le conminó a que esperase al comienzo de la consulta, "ya que el medicamento solicitado no era urgente y aún estaba preparando la consulta, ya que faltaba media hora para que comenzase", relataba el propio médico.

Pese a ello, recordaba que sufrió de manos de este usuario "insultos" y "empujones", motivo por el que llamó a la Policía Nacional. "Poco tiempo después, los padres de este usuario regresaron a la consulta, esta vez pidiéndome que fuese atendida de forma urgente la madre del mismo usuario, a lo que accedí, aunque a continuación me volvieron a exigir que les recetase el fármaco que me había pedido su hijo y que no denunciase el caso, bajo amenazas", concluyó.

Ante estos hechos, los servicios jurídicos del Sector Sanidad del sindicato CSI-F se personaron en la causa como acusación particular, aunque finalmente hubo de hacerlo como acción popular, para que estos hechos se juzgase precisamente como un delito de atentado contra la autoridad pública "y no como un simple juicio por faltas".

Este mismo sindicato también solicitó por aquel entonces y como medida cautelar una orden de alejamiento contra el presunto agresor del médico, -que en la actualidad trabaja en otro centro de salud distinto-, sustentada en la necesidad de "preservar la integridad física" del facultativo, además de "liberarle del acoso moral y físico que puede sufrir de persistir la actitud del denunciado", tal y como solicitaba este sindicato en su escrito.