El Consistorio desestima resolver el contrato de compraventa de las parcelas de la Cartuja con Detea

  • La compañía de ingeniería y construcción pedía 17 millones de indemnización por el "incumplimiento" de los contratos firmados en 2008 sobre los tres terrenos que ocupaban las antiguas instalaciones de la Policía Local.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha desestimado las reclamaciones realizadas por la compañía andaluza de ingeniería y construcción Detea en diciembre de 2012, en las que exigía la resolución del contrato de compraventa de las tres parcelas de la Isla de la Cartuja donde se encontraban las antiguas instalaciones del Policía Local, además de la indemnización de más de 17 millones de euros.

Según el acuerdo de la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento no admite la reclamación de Detea al entender que la reclamación de responsabilidad patrimonial "carece de los requisitos exigidos legalmente".  Además, desestima la reclamación de resolución contractual de Prodetea SL por "no existir causa legal para la misma", mientras que entiende que no existe "incumplimiento defectuoso" para pedir una indemnización, "habiendo el Ayuntamiento entregado los inmuebles e indemnizado completamente a la citada sociedad por la penalidad establecida contractualmente por el retraso en la entrega".

Detea remitió en diciembre de 2012 al Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento una demanda por "incumplimiento" de los contratos firmados en 2008 para la compraventa de las parcelas SC-5, SC-3.1 y SC-4 y sus correspondientes edificios -S-1, C-1, y C-3-, ubicados todos ellos en la banda de servicios y próximos al apeadero del tren de cercanías. Así, se pretendía la resolución y anulación del contrato de compraventa, con la devolución al Ayuntamiento de las parcelas y los edificios y la devolución por parte del Consistorio de las cantidades recibidas, además de cobrar los gastos e intereses abonados por Detea durante estos cinco años y el pago de "los daños y perjuicios que la gestión municipal ha causado a la empresa constructora".

La demanda, cuyo valor asciende a 17,1 millones de euros, obedecía a la entrega de dos edificios en estado "prácticamente ruinoso, así como al retraso de dos años y medio en la recepción de los mismos", según la compañía. Así, apuntaba al estado de "ruina" del edificio C-3, antigua sede de la Delegación de Movilidad Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla y de la Policía Local, mientras que el edificio C-1 de oficinas y taller de vehículos de la Policía presentaban "un estado lamentable y graves desperfectos".

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