La Policía Local ha detectado en varios puntos de Sevilla la presencia de aparcacoches que visten de uniforme e incluso depositan un recibo en manos de los conductores que les dan dinero, pero cuyo trabajo es tan ilegal como el de los clásicos gorrillas. El uniforme suele ir acompañado además de una gorra de plato que da apariencia de legalidad y sirve para engañar a la mayoría de los ciudadanos, que piensan que se trata de unos aparcacoches que cuentan con sus permisos correspondientes y con sus jornadas de trabajo perfectamente establecidas.

Esta nueva modalidad de gorrillas opera en varios puntos de la ciudad, pero donde la Policía ha detectado una presencia masiva de ellos es en el barrio de Pino Montano. Los uniformes imitan el estilo de los utilizados por la asociación PM40 (Parados Mayores de 40 años), a la que pertenecen los vovis, que sí cuentan con todos los permisos municipales correspondientes para gestionar y vigilar plazas de aparcamiento en determinadas zonas de la capital andaluza.

En cambio, los aparcacoches que no tienen permiso y utilizan el uniforme no pertenecen a ninguna asociación y simplemente entregan al conductor que aparca su coche un recibo con el que también pretenden reforzar esa apariencia de legalidad. En muchas ocasiones exigen un pago que suele ser de 60 céntimos a todo el conductor que deje su vehículo en la zona en la que operan. Es precisamente la misma cantidad que piden los vovis, quizás para que el ciudadano perciba que pertenecen a alguna entidad regulada o autorizada por el Ayuntamiento.

Por el momento el Consistorio poco puede hacer contra este tipo de estafa. Sólo alertar a los ciudadanos que están siendo víctimas de un timo y que la labor de estos aparcacoches tiene la misma validez que la del gorrilla clásico que opera en otras zonas como el centro o Bami. La Policía sí podría actuar en el caso de que alguien denuncie en comisaría que ha sufrido esta situación, de forma que podría ser interpretada como una coacción. Para ello el denunciante tendría que acreditar que ha entregado el dinero bajo amenazas o algún tipo de presión.

De no haber denuncia, es prácticamente imposible que la Policía pueda hacer algo contra el aparcacoches, ya que el ciudadano entrega el dinero por su propia voluntad y aquel no incurre en ningún delito. Esta imposibilidad de luchar jurídica y policialmente contra los gorrillas podrá variar a partir del próximo mes, cuando por fin se apruebe la ordenanza antivandalismo tras más de dos años de elaboración y tras sendas retiradas del orden del día de los plenos de diciembre y enero.

Esta normativa declarará ilícita la práctica de aparcar y vigilar coches en la vía pública y permitirá a los policías locales poder quitarles a los gorrillas el dinero recaudado. Los agentes se quedarán con esta cantidad en concepto de depósito previo al pago de la multa. Se intentará evitar así lo que ha pasado en la mayoría de las ciudades que tienen ordenanzas en vigor contra los gorrillas y han fracasado en su lucha contra este fenómeno: que el aparcacoches se declare insolvente y por tanto no pague la sanción, sin que tampoco pueda ser embargado por un juzgado al carecer de domicilio fijo y de patrimonio.