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Contratos 'al asalto': El fraude en el consumo eléctrico

  • El Servicio Provincial de Consumo recibe en torno a 7.000 quejas al año. El sector de telecomunicaciones, el más denunciado.

El Servicio Provincial de Consumo remitirá a la Fiscalía los presuntos fraudes en el suministro eléctrico denominados contratos al asalto, a través de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para que se incoe una investigación judicial ante posibles delitos. El director de Consumo en Sevilla, Antonio Ballesteros, expresa su "preocupación" por el aumento de estos fraudes en este servicio esencial, que afectan especialmente a personas mayores.

Los contratos al asalto se han convertido en una modalidad de fraude al alza, en la que comerciales sin escrúpulos acuden a las viviendas y se presentan como agentes oficiales de una empresa suministradora de electricidad. Estos comerciales logran hacerse con facturas de la luz de los afectados para suplantar su identidad y realizar cambios en los contratos. "El comercial utiliza los datos del consumidor, que extrae de la factura, y los introduce en una tablet, en la que realiza un cambio en el contrato del suministro eléctrico, sin el consentimiento del afectado", explica el responsable de Consumo. Se trata de actuaciones ilícitas que pueden incurrir en un delito de suplantación de la identidad.

Los cambios en los contratos detectados se traducen en la inclusión de servicios complementarios al suministro eléctrico, como por ejemplo, la contratación de un servicio de reparación de averías eléctricas durante todo un año. Estos cambios suponen un coste que puede girar en torno a unos 15 euros mensuales, sin que el consumidor tenga conocimiento de su nueva situación.

El afectado ni conoce que tiene derecho a utilizar ese servicio; ni es consciente de que ha sido contratado en su nombre. Ante el aumento de estos fraudes, los técnicos de Consumo tienen previsto "reunir todos los casos para remitirlos a la Fiscalía, en el plazo de unos meses, de modo que se inicie una investigación judicial", explica Antonio Ballesteros, director del Servicio Provincial de Consumo.

El protocolo ante estos engaños se centra en que el afectado interponga una denuncia en la Policía para, después, reclamar a la compañía suministradora dolo en el contrato, de modo que proceda a su anulación. El afectado puede así recuperar la situación anterior al fraude. Ante estos engaños que suceden en la misma puerta de la vivienda del afectado, el consejo del responsable en Consumo es: "aprenda a decir no"; o "exija el DNI al comercial antes de facilitar el propio".

Durante 2015 se contaron 181 reclamaciones tipificadas como contrataciones fraudulentas no solicitadas o no consentidas. Estas reclamaciones representan al 2,59% del total que fueron recibidas en el Servicio Provincial de Consumo, un volumen considerable que, según explica Antonio Ballesteros, deben abordarse desde la Justicia por el componente penal de supuestos casos de delito de suplantación de la identidad de los afectados.

Durante el año pasado, el Servicio Provincial de Consumo ha detectado un considerable aumento de las reclamaciones referidas a los servicios esenciales (agua, luz y gas) coincidiendo en gran medida con el aumento de los precios registrado durante los últimos años. La mayoría de las reclamaciones llegan a las oficinas de Consumo cuando el usuario se encuentra en una situación límite, es decir, cuando está a punto de que la empresa suministradora le corte la luz, el gas o el agua.

"En los últimos años las reclamaciones en suministros esenciales han aumentado en torno a un 30%", añade Ballesteros; y la mayoría están motivadas por un aumento en la factura. En el caso del suministro de agua, "en la mayoría de los casos los técnicos han comprobado, tras verificaciones, que normalmente los contadores funcionan bien. El problema muchas veces reside en fugas en el interior de la vivienda debido al estado de las instalaciones, entre otras causas; o, por ejemplo, una cisterna activada un día entero supone un enorme derroche, es algo simple que termina aumentando una factura. No es habitual que los contadores funcionen mal", explica el responsable de Consumo.

El número de reclamaciones referidas a servicios esenciales (1.308) sólo es superado por el sector de las comunicaciones (1.535), que representan al 21,93% del total. "Desde que existe el teléfono móvil es el sector con más quejas", incide Ballesteros. Gran parte de los conflictos se resuelven mediante el sistema de mediación. "En un máximo de unas tres semanas se suelen solucionar los problemas", añade el especialista en Consumo. Las quejas más habituales se refieren a la facturación y la portabilidad.

Para atender a las 7.000 reclamaciones que suelen llegar a la Junta de Andalucía, cada año, en Sevilla el Servicio Provincial de Consumo cuenta con un equipo de seis técnicos (cada uno de ellos se encarga de más de 1.000 casos anuales).

Otro equipo integrado por nueve inspectores realiza unas 3.000 inspecciones en la provincia. Durante 2015 este equipo realizó 4.042 actas de inspección y tramitó 563 expedientes sancionadores.

Las multas interpuestas por irregularidades sumaron el año pasado 1.053.000 euros. Estas sanciones se refieren principalmente a irregularidades cometidas en el comercio y en la banca.

Al analizar el balance anual de la oficina que dirige, Antonio Ballesteros reseña que "este año -2015- el sector más sancionado ha sido el comercio minorista, principalmente a causa de publicidad engañosa; por ejemplo, un súper que coloca un cartel donde anuncia patatas de origen español; y simplemente al comprobar la etiqueta del producto compruebas que las patatas vienen de fuera de España".

Otro de los cometidos del cuerpo de inspectores de Consumo es la red de alerta, que suele activarse en unas 3.000 ocasiones al año. En este campo la principal ocupación de los inspectores son los productos industriales.

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