El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha incluido en su informe anual de 2016 el problema de la merma de policías nacionales en Sevilla, que se vio agravado a finales del año pasado por el elevado número de custodias hospitalarias de presos que los agentes de cuerpo estaban obligados a hacer. Maeztu ya había hecho referencia a este asunto en un informe anterior sobre las unidades de custodia hospitalaria y la atención sanitaria a presos, pero ahora se vuelve a interesar por él y pide a la Junta que le informe de las medidas que ha tomado para coordinar las excarcelaciones de los internos que han de recibir asistencia médica. A finales del año pasado, la Policía llegó a verse sin patrulleros en la calle algunas noches y fines de semana porque todos los agentes disponibles estaban custodiando a presos.

El caso de Sevilla es, para Maeztu, "peculiar", ya que "presenta numerosos problemas de coordinación en los traslados y conducciones desde los centros penitenciarios de la provincia y la variedad de destinos a hospitales y dependencias". El Defensor expone que las conducciones a los hospitales son esenciales para mejorar la atención sanitaria, ya que "ésta se hace depender de la eficacia en los traslados de estas personas enfermas desde sus centros de reclusión hasta los dispositivos asistenciales". Estos traslados han de hacerlos los agentes de la Policía Nacional y "necesitan una mínima dotación de funcionarios y vehículos, que pueden verse gravemente complicados cuando coinciden en el tiempo una multiplicidad de personas afectadas y una dispersión entre los diferentes destinos sanitarios".

El Defensor apunta a la pérdida de citas médicas y desasistencias a presos

El informe constata el "agravamiento del problema, motivado por los escasos recursos del Cuerpo Nacional de Policía, lo que llega a provocar una severa disminución de efectivos policiales". Para el Defensor, "la entidad de este problema no es meramente policial, ya que la reducción de medios y recursos del Cuerpo Nacional de Policía termina por perjudicar las capacidades de prestar los propios servicios de conducciones de enfermos, y consecuentemente, las pérdidas de citas médicas programadas o desasistencias en las urgencias". Maeztu explica que "obviamente, el perjudicado final puede ser el enfermo que soporta las disfunciones que se produzcan en los fallos de este esencial servicio".

El Defensor apunta que, en el momento de la redacción del informe, está a la espera de evaluar las propuestas y criterios de la administración sanitaria. En la queja que abrió de oficio solicitaba a la Junta distinta información. En primer lugar, pedía conocer los criterios de asignación de destinos para las consultas programadas de enfermos provenientes de los distintos centros penitenciarios. Pedía también saber cuáles eran los criterios de asignación de destinos para los ingresos hospitalarios programados de los presos, así como en los supuestos de urgencias.

El Defensor solicitaba a la Consejería de Salud que le explicara qué protocolos o instrucciones había establecido el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la ordenación de estas actuaciones de asistencia sanitaria a enfermos que se encuentran en prisión. Igualmente, pedía que se reforzaran la coordinación y el acuerdo con los responsables de las Fuerzas de Seguridad encargadas de las conducciones para poder ordenar los traslados. Finalmente, Maeztu se ofrecía para "impulsar un cauce de diálogo y acuerdo de medidas de mejora en la ordenación de estos servicios sanitarios y sus conducciones de custodia" entre la Junta y la Policía Nacional.

Relacionado con este problema está el de "la existencia de graves carencias de personal" en el centro penitenciario Sevilla I, que "pudieran afectar a las dotaciones de especialidad sanitaria y terminarían provocando la derivación de internos a los hospitales de referencia". Para Maeztu, esta situación provoca una sobrecarga de trabajo en los hospitales que podría evitarse con "la dotación sanitaria presencial" en la cárcel. El informe expone que se han cubierto las plazas que estaban vacantes, pero apunta que el Defensor seguirá "prestando especial atención a estos delicados servicios".

"A la hora de analizar el sistema sanitario penitenciario, ya recalcamos que el principal origen de las deficiencias detectadas era el modelo organizativo concebido en un diseño que duplica la asistencia sanitaria (entre prisión y hospital) y provoca una ruptura en la atención integral del enfermo, que deambula bajo dos sistemas sanitarios", destaca el informe del Defensor. En este modelo asistencial, la atención primaria se ofrece a cargo de la Administración penitenciaria en sus propios centros, dotados con los recursos característicos de ese nivel asistencial básico, mientras que la atención especializada se ofrece mediante los organismos sanitarios públicos del SAS.

El Defensor detalla una serie de recomendaciones para corregir esta dualidad. La primera es el impulso a que se traspasen todas las competencias en materia sanitaria a la comunidad autónoma, de manera que la Junta pueda asumir también la asistencia a presos. Mientras se produce ese traspaso total, Maeztu propone que se firmen convenios específicos de cooperación y colaboración entre la Junta y el Estado para "ordenar y desplegar la debida asistencia sanitaria integral que los internos tienen reconocida".

Otra propuesta es el desarrollo de la aplicación práctica de los convenios específicos suscritos en las materias de medicina preventiva, salud ambiental, formación, salud mental, consultas entre especialidades e ingresos hospitalarios, con la finalidad de obtener datos y criterios necesarios para el seguimiento de esos convenios. También plantea la elaboración de un inventario de las unidades de custodia hospitalaria que hay en Andalucía. En Sevilla sólo hay dos con escasa capacidad, una en San Lázaro y otra en el Virgen del Rocío.