Cristóbal León Ruiz, de 80 años, casi no podía hablar al ver una multitud de cámaras de televisión, fotógrafos, periodistas, vecinos y hasta algún político en el salón de su casa del número 25 de la calle Guadaíra, en San Bernardo. Los había convocado la Liga de Inquilinos Amenazados a las nueve de la mañana, hora a la que estaba previsto que lo desahuciaran de la vivienda en la que ha residido desde 1975.

El desalojo fue puntual. Minutos después de la hora fijada dos policías nacionales entraban en el piso y preguntaban por Cristóbal. “Soy yo”, decía el anciano casi entre lágrimas. “Tiene usted que escuchar a la comisión judicial que va a proceder al lanzamiento”, comentaba uno de los dos agentes. “Primero los trámites y luego entra usted a recoger sus pertenencias”. Pocas cosas quedaban en el piso: dos bombonas de butano, algún cubo, ladrillos y pequeños muebles.

La mayoría de los objetos los habían ido sacando antes y ya estaban en el piso de San Bernardo, 52 que Cristóbal ocupó hace ahora tres años. Este hombre y su esposa fueron una de las diez familias del barrio que entraron de forma ilegal en un bloque vacío de viviendas en 2005, en un gesto que significó un pulso con la administración y que por el momento han ganado los okupas, entre los que hay incluso personas nonagenarias.

Hasta allí les fueron trayendo sus objetos algunos vecinos y otros jóvenes del movimiento okupa que también estuvieron presente en el reciente desalojo de Casas Viejas y que quisieron apoyar ayer a este hombre. El desalojo de Cristóbal, que pagaba una renta antigua de 20 euros por vivir en un edificio propiedad de una inmobiliaria, se completó en poco más de media hora. “Qué puedo decir”, comentaba emocionado a la prensa este albañil que perdió a su esposa el pasado mes de noviembre. Macabra coincidencia: el anciano no pudo asistir al juicio del desahucio porque aquel mismo día estaba enterrando a su mujer.