La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, había pedido información al Ayuntamiento de Sevilla sobre el caso de una inquilina de una de las viviendas protegidas de Emvisesa que, "presa del pánico" por la "extrema conflictividad social" de la zona donde vivía, había solicitado el traslado a otro barrio. El Ayuntamiento aseguró ayer que ya se ha dado solución a esta mujer "dentro de los protocolos que hay para abordar este tipo de situaciones".

En su resolución, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz aborda la queja interpuesta por la adjudicataria de una vivienda protegida de Emvisesa en régimen de alquiler, que estaba "en una zona de extrema conflictividad social, viviendo tanto ella como sus hijos presos del pánico".

Según la institución, la mujer había pedido a Emvisesa el 22 de febrero de 2017 "la permuta" de la vivienda de alquiler adjudicada, mediante su inclusión en la "bolsa" habilitada a tal efecto por la empresa municipal, pero su petición no había sido solucionada. De ahí la queja.

Tras las gestiones de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Emvisesa aclaró que la mujer había hecho la petición "sin ningún tipo de documentación acreditativa de los motivos de su solicitud ni de la requerida por el protocolo de permutas", por lo que el 1 de marzo se le había requerido la documentación. Emvisesa tasladó a Maeztu que la mujer volvió a pedir la permuta el 9 de mayo y Emvisesa le reclamó el 28 de julio la documentación y justificar el motivo, es decir, "los problemas graves de convivencia". Y que "para su inclusión en la bolsa de permutas tenía que encontrarse al corriente en los pagos de rentas de alquiler" dado que tenía "una deuda que liquidar" para optar a la permuta solicitada.