Encarcelado tras confesar que asesinó a su compañera

  • El juez le retira además las visitas y la patria potestad de la hija

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Marchena ordenó ayer el ingreso en prisión de Fernando F. G., el joven de 35 años que en la noche del pasado martes confesó que acabó con la vida de su ex pareja Inmaculada D. R., de 28 años y con la que tenía un hija de tres años.

El joven está imputado por un delito de asesinato, otro de tentativa de homicidio, en relación con las heridas que causó también con el cuchillo a la actual pareja de la fallecida, y de un tercer delito de quebrantamiento de condena, dado que había sido condenado por malos tratos en junio pasado, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En el auto de prisión, el juez también acordó la suspensión del régimen de visitas y del ejercicio de la patria potestad de la hija fruto de la pareja. La víctima había sufrido malos tratos desde el año 2004 por parte de un anterior compañero sentimental y también había denunciado a su agresor en junio pasado.

Nada más cometer el crimen, en la noche del pasado martes, el presunto asesino entregó a su hija a unos vecinos, aún con los manos "ensangrentadas", y se acercó a un bar próximo, donde confesó que había matado a su ex pareja. Cuando llegaron los agentes de la Guardia Civil, les abrió la puerta y no ofreció ninguna resistencia, confesando el crimen, una manifestación que mantuvo en su declaración ante el juez que investiga este caso de violencia de género.

Fernando F. G. y la víctima habían mantenido anteriormente una relación de pareja -tenían además una relación de parentesco por afinidad-, por lo que el caso se tramitará como un supuesto de violencia de género.

El imputado ya había sido condenado por malos tratos en junio de 2011, en una sentencia que le impuso una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima durante un plazo de doce meses.

Tanto la orden de alejamiento como la prohibición de comunicarse con su ex pareja fueron notificadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, explicó ayer el TSJA, que precisó que la sentencia en la que se acordó esa orden se impuso de conformidad con el acusado y la ejecutoria se tramitó en el juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla.

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