Escuelas Católicas pedirá medidas cautelares contra la retirada de conciertos

  • La decisión de la Junta, basada en una menor demanda, afecta a dos colegios religiosos de Sevilla.

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La patronal Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), que será recibida hoy por el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha confirmado que interpondrá un recurso para solicitar medidas cautelares contra la decisión de la Junta de retirar conciertos educativos a determinados centros por motivos demográficos. En el caso de la provincia de Sevilla, esta merma afecta a los colegios de los Escolapios en Montequinto (Dos Hermanas) y al de los Salesianos en Morón de la Frontera.

El secretario general de ECA, Carlos Ruiz, ha indicado a Europa Press que este paso se dará este mes, ya que el pasado lunes (coincidiendo con el último día para solicitar plaza) se confirmó la resolución definitiva por parte de la Administración.

Al margen de la entrevista con Chamizo, la patronal ha requerido al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que les reciba, y ha interpuesto alegaciones contra la medida de Educación, resolución que ha motivado que el sector de padres de alumnos haya planteado, a su vez, iniciar un procedimiento administrativo. Ante esta situación, cada colegio estudiará su caso y si se ve procedente, se recurrirá judicialmente. "Lo más lógico es que emprendan este procedimiento aquellos centros en los que existe demanda suficiente para que sigan contando con financiación pública", expresó Ruiz.

La patronal ha remitido una circular a los padres de alumnos de todos los centros educativos adheridos en la que llama a la "solidaridad" de los mismos ante la retirada de conciertos a determinados colegios, "que irá cada vez a más".

En el documento, ECA señala que la retirada ha sido "una decisión tomada de manera unilateral, sin un diálogo previo que podría haber sido esclarecedor", así como una medida "injusta". "Les está privando a ustedes, como padres, de la posibilidad de ejercer libremente el derecho de elegir para sus hijos el centro más adecuado por su ideario y calidad de enseñanza", sentencia.

"Es un hecho sin precedente, pues lo que pretende es que aunque un centro concertado tenga solicitudes suficientes de admisión de alumnos, si en la zona hay colegios públicos sin la demanda necesaria, las peticiones pasen al centro público, lo que supone suprimir dicha unidad del concertado", manifiesta Ruiz, que indica que ello demuestra que "consideran que la red concertada es subsidiaria de la red pública". Además, avisan de que la toma de decisión de supresión de unidades en centros concertados "no es puntual, sino el inicio de un proceso, cada vez mayor, con el que se intenta debilitar progresivamente la enseñanza".

"Sería un error pensar que a ustedes no les va a afectar, pues además de ser un gesto insolidario y que perjudicaría gravemente a otros padres, puede que no muy tarde se puedan encontrar, si tienen otros hijos más pequeños aún no escolarizados, con que la plaza no quede garantizada", apunta la patronal. En la carta se incide en que "por encima de todo, es defender un derecho, con independencia de que puedan sentirse afectados; el silencio y la inhibición, en este caso, no son neutrales, sino cómplices de una medida injusta".

Estos centros decidieron ofertar plazas públicas en marzo pese al anuncio de la retirada del concierto, ya que la notificación oficial no les ha llegado hasta el último día de dicho plazo.

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