Espadas abona 800.000 euros para saldar la expropiación del Laredo

  • De las arcas municipales ya salieron 5,4 millones para la adquisición del edificio regionalista

Las balconadas del edificio Laredo fueron remozadas a finales de 2015. Las balconadas del edificio Laredo fueron remozadas a finales de 2015.

Las balconadas del edificio Laredo fueron remozadas a finales de 2015. / juan carlos vázquez

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El equipo de Juan Espadas ha aprobado un gasto de 787.787 euros para saldar la expropiación del edificio Laredo en una operación cerrada en 6,2 millones de euros que llevaba coleando desde hace 35 años. Este último pago a favor de la entidad Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II S. L. se realiza a cuenta de la liquidación final del justiprecio en retasación del histórico inmueble para ejecutar una sentencia del Tribunal Supremo emitida el 23 de marzo de 2015 y tras un acuerdo transaccional suscrito con fecha de 28 de julio de 2016. Además, el Ayuntamiento ha acatado un auto de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 16 de febrero de 2017 en el que se incrementa el justiprecio en 200.000 euros. El dinero para saldar la expropiación de Laredo sale de los presupuestos de este año para la ciudad.

La compra ha costado ocho veces más de lo previsto en una primera tasación oficial en 1997, que fue de 113 millones de pesetas (679.153 euros). Así lo fijó una sentencia del TSJA, que estipuló que el importe en retasación de la expropiación del inmueble regionalista quedó fijado en 2,2 millones de euros y los intereses de demora en 1,5 millones. A esto hay que sumar el justiprecio que fijó la Comisión Provincial de Valoraciones hace seis años, 2,3 millones de euros que ya fueron abonados en su integridad bajo el mandato del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín.

La primera tasación oficial del inmueble se realizó en 1997 y fue de 680.000 euros

La primera tasación oficial fue de 113 millones de pesetas (679.143 euros) y llegó de la mano del Tribunal Provincial de Expropiación. El Ayuntamiento depositó el justiprecio fijado y firmó un acta de ocupación para asumir la propiedad legal a todos los efectos. Los planes municipales pasaban por abordar el proyecto de consolidación de un inmueble que contaba con unas estructuras muy deterioradas que necesitaban una urgente intervención de resanado. Los cambios de propiedad, los pleitos y las diferencias de valoración entre unos y otros no se iban a terminar aquí. Ni mucho menos. La anterior propietaria, la empresa Rosma, presentó, una vez fijada esa primera tasación, varios recursos en los que se cuestionaban tanto la legalidad del proceso de expropiación llevado a cabo en su día, como la valoración final del justiprecio. Reclamaba la devolución del edificio o el pago de al menos 800 millones de pesetas (4,8 millones de euros).

Cuatro años más tarde, a finales de 2001, el TSJA condenaba al Ayuntamiento a pagar 298 millones de pesetas (1,8 millones de euros) por la expropiación hecha a la baja del Laredo. De las arcas municipales tenían que salir ahora 185 millones de pesetas (1,1 millones de euros) para completar el coste total de la operación. De nuevo vuelta a los tribunales. Una nueva sentencia del Alto Tribunal andaluz dictada el 21 de septiembre de 2007 ordenaba realizar otra retasación para fijar un nuevo justiprecio. La Comisión Provincial de Valoraciones se pronunciaba dos años más tardes elevando la cantidad a 2,4 millones de euros. El gobierno municipal encabezado por Monteseirín ingresó ese importe. A fecha de 31 de diciembre de 2015, los intereses generados en los últimos quince años eran de 1,5 millones. A Espadas no le ha quedado otra que pagar 3,9 millones.

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