ordenanzas fiscales

El Fisco local cobrará 300 euros por el cambio de vivienda a piso turístico

  • Subirá el sello de coches con más de 8 caballos fiscales y la tasa de basura de locales comerciales

Un bloque de apartamentos turísticos existentes en el centro Un bloque de apartamentos turísticos existentes en el centro

Un bloque de apartamentos turísticos existentes en el centro / Diego Caballos

Comentarios 4

Para compensar la pérdida de ingresos en más de 20 millones de euros que el Ayuntamiento calcula que va a sufrir por su rebaja del 3% del IBI, los ajustes en el impuesto de plusvalía (por mandato judicial) y el descenso previsto en las transferencias del Estado, por primera vez el gobierno local se plantea elevar la presión fiscal sobre los pisos turísticos que se multiplican en las zonas más cotizadas de la capital, hasta el punto de haber provocado en estos barrios una subida del precio de venta de las viviendas, como adelantó este periódico el domingo pasado.

El proyecto de ordenanzas fiscales para 2018, presentado ayer por el área de Hacienda del equipo de Juan Espadas y aún pendiente de su aprobación definitiva, contempla que los propietarios de los pisos turísticos tengan que pagar una tarifa de 300 euros para obtener la licencia de alta que otorga la Gerencia de Urbanismo y abonar una tasa de basura específica de siete euros al trimestre por cada plaza de alojamiento que oferten. Estas medidas persiguen cumplir el acuerdo de Pleno que apostaba por atajar el crecimiento desordenado de estos y regularlo como sector económico que es. Y con la decisión de subir la basura se equiparan los pisos turísticos a los hostales.

Los detalles del borrador de ordenanzas fiscales fueron expuestos ayer por el delegado de Hacienda, Joaquín Castillo; el coordinador general del área, Ignacio Pérez Royo; el director general, José Miguel Herrera; y la gerente de la Agencia Tributaria, Eva Vidal. Pérez Royo aclaró que la opción de subir el IBI a los pisos turísticos no se ha podido aplicar porque la legislación no lo permite.

Otra vía que compensa ese descenso de ingresos figura en las declaraciones responsables que se exigen para las obras. A partir de 2018, desaparece la tarifa plana de la tasa en las obras de entre 12.000 y 18.000 euros, y se mantiene para las obras inferiores a 12.000 euros, donde se enmarcan la mayor parte de las reformas de domicilios. El objetivo es acabar con la picaresca que se daba en muchas obras de calado que se presupuestaban por debajo de 18.000 euros para beneficiarse de la tarifa plana.

Otra entrada de ingresos vendrá por la actualización del IPC del 1,5% a la tasa de basura de los locales comerciales (no de las viviendas, para las que queda congelada), el cementerio o la reserva de zonas de estacionamiento con placa de vado.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (el llamado sello del coche) se actualizará hasta situarlo en la media de las grandes ciudades para los vehículos que superen los 8 caballos fiscales (c.f.). La Hacienda local asegura que la subida será de 1,5 euros más en el impuesto y que no afectará ni a las motos ("que mantendrán la tarifa más baja de las capitales españolas") ni a los vehículos de menos de 8 c.f., que tendrán una bajada del impuesto. También sube la tarifa de la grúa en un 5% en todos sus apartados. En el Real Alcázar, la propuesta es subir la entrada individual y revisar todas las tarifas con el objetivo de generar ingresos que se puedan invertir posteriormente en el patrimonio municipal. El área de Hacienda recuerda que esa propuesta se debatió recientemente en el Patronato.

Respecto a la Feria, se adecúan las tasas que se aplican a las entidades y colectivos con casetas cuyos módulos son construidos por el Ayuntamiento de Sevilla y alquilados a estas entidades para su uso. El gobierno local aclara que esta práctica de construir módulos con dinero público para ciertas entidades viene de tradición.

Por lo demás, la filosofía del gobierno de Espadas es congelar el resto de impuestos y tasas sin aplicar siquiera la actualización del IPC. Este borrador ha sido enviado a los grupos políticos del Ayuntamiento y al Consejo Económico y Social de Sevilla, que debe pronunciarse. Sólo entonces se aprobarán en Pleno y se aplicarán el 1 de enero de 2018.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios