Facua alerta de que hay aerolíneas que cobran por transportar el equipaje

  • La organización denuncia que Clickair, EasyJet, Vueling y Ryanair cobran entre 10 y 16 euros por maleta facturada

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La organización de consumidores Facua denunció ayer a las compañías Clickair, Vueling, EasyJet y Ryanair por cobrar a los pasajeros por llevar equipaje. La organización ha realizado un estudio sobre las tarifas relacionadas con el exceso de equipaje en 16 compañías aéreas y ha detectado que las cuatro compañías citadas incumplen la legislación para vuelos nacionales.

Según Rubén Sánchez, portavoz de Facua, Clickair y Vueling cobran 10 euros extra en los vuelos nacionales por trayecto y maleta (20 si el billete se compra en El Prat de Barcelona), Easyjet, 6 euros y por su parte, Ryanair cobra 16,05 euros. Ésta última también vulnera la legislación española al cobrar por el mero hecho de facturar en el aeropuerto, lo que sin llevar equipaje supone 5,35 euros más IVA por trayecto.

La organización, además, recuerda que el cobro por el equipaje es "una cláusula abusiva" porque implica "incrementos de precio por servicios accesorios que no corresponden a prestaciones adicionales", según se cita en la Ley General para la Defensa de los Consumidores.

Facua recuerda que la legislación española sobre Navegación Aérea establece que la compañía aérea está obligada a incluir en el precio del billete el equipaje del usuario y que sólo se puede cobrar el exceso de equipaje con los límites de peso y volumen que fijen los reglamentos. Además, se aclara que dicha ley "no considerará equipaje a este efecto los bultos y objetosde mano que el viajero lleve consigo".

El portavoz de la entidad critica que casi 50 años después de la promulgación de la ley, no se haya fijado una norma que marque los límites de equipaje y que son las compañías las que han establecido el peso máximo, que en casi todas las aerolíneas ronda los 20 kilogramos, aunque en numerosos vuelos internacionales el tope está en dos maletas de hasta 23 kilos cada una.

Facua estima que la responsabilidad recae sobre todo en la Administración, por "no intervenir", y que esta consecuencia recae principalmente en el usuario.

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