Facua denuncia que el Ayuntamiento "no se atreve" a resolver el cobro ilegal en los taxis

  • Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores, asegura que el gobierno local "no tiene claro" cómo inspeccionar los vehículos y dice no entender qué problema habría en retirar la licencia a los taxistas que cometen irregularidades.

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El portavoz la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (FACUA), Rubén Sánchez, ha denunciado hoy que la delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla "no tiene claro" cómo realizar las inspecciones en el servicio de taxi y ha asegurado que "no se atreve a resolver el problema".

Sánchez ha dicho hoy a los periodistas que "parece" que la concejalía de Movilidad "no tiene claro como detectar una estafa" ya que determinadas prácticas ilegales, como el cobro de 50 euros por trayecto y la emisión de recibos falsos durante la pasada Feria de Abril, no es la primera vez que ocurren.

"No digo que no se quiera resolver el problema, pero sí que no se atreven", ha dicho Sánchez, quien ha añadido que no entiende qué dificultad entraña retirar las licencias a los taxistas que cometen ilegalidades.

Varios usuarios han denunciado que en la pasada Feria de Abril determinados taxistas no recogían a clientes en las paradas y se dedicaban a llevar exclusivamente a aquellas personas que aceptaban pagar un precio que podría llegar hasta los 50 euros.

Para el portavoz de FACUA, estas prácticas ilegales afectan, no sólo a los usuarios, sino al resto del colectivo de taxistas ya que "no se puede dañar a los profesionales que cumplen la norma y hacen cola" para ofrecer sus servicios.

Sánchez, quien ha calificado de "muy graves" estos hechos, asegura que se trata de una práctica de competencia desleal.

Por otra parte, la Unión de Consumidores de Andalucía (UCE Andalucía) ha solicitado a la Consejería de Obras Públicas y Transportes que apruebe un reglamento para los taxis en Andalucía.

La UCE recuerda que el proyecto de este reglamento, que se proyectó en 2005, se encuentra paralizado, lo que supone que la ciudadanía andaluza se encuentre privada de un marco legal básico que garantice sus derechos y legítimos intereses.

Esta asociación reclama la urgente articulación de este texto legal en el que se debe revisar al alza el número de licencias por por habitantes, regular la transmisión de las mismas y la organización de los servicios nocturnos, así como establecer una estructura tarifaria común, entre otras cuestiones.

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