El juez que investiga la muerte de la joven Marta del Castillo ha impuesto a los cuatro procesados el pago de una fianza conjunta de 240.000 euros para hacer frente a la futura indemnización a la familia de la víctima.

Fuentes judiciales han informado a Efe de que el juez ha impuesto ducha fianza de forma solidaria al autor confeso de la muerte, Miguel Carcaño, a su amigo Samuel Benítez, a su hermano mayor Francisco Javier Delgado y a la novia de éste último, María García.

Un quinto imputado que presuntamente participó en la violación y homicidio de Marta es menor de edad y la causa contra él se tramita de forma separada en el Juzgado de Menores.

Las fuentes han añadido que los cuatro imputados ofrecerán a partir de ahora los bienes de que dispongan para hacer frente a dicha responsabilidad y el juez decidirá si los considera suficientes.

La fianza tiene por objeto hacer frente a las futuras indemnizaciones que puedan acordarse en juicio para los padres, hermanas y abuelos de Marta por el daño moral causado.

En el caso de Francisco Javier, que se encuentra en libertad desde el pasado 20 de mayo, el juez le ha requerido el pago y fuentes de su defensa han informado a Efe de que posiblemente aportará como aval el piso de su propiedad situado en la calle León XIII de Sevilla donde se produjo el asesinato de Marta, el pasado 24 de enero.

La imposición de la fianza se ha producido después de que el abogado de los padres de Marta haya pedido al juez que investigue un posible delito de ocultación de patrimonio por parte de Francisco Javier, pues un mes después de ser encarcelado disolvió el régimen de gananciales con su esposa y vendió un garaje que poseían.

El abogado hizo dicha petición en el mismo escrito en el que recurrió contra la libertad de Francisco Javier, pues la disolución del régimen de gananciales es un hecho más que "demuestra la capacidad y pericia que el imputado viene demostrando para dificultar la investigación, impedir el descubrimiento del cadáver y, ahora, también para eludir las responsabilidades civiles que pudieran corresponderle".

El letrado se opuso a la libertad porque, estando libre, el imputado seguirá impidiendo el hallazgo del cadáver con la misma "pericia y acierto" con la que "lideró las actuaciones tendentes a hacer desaparecer cualquier vestigio del crimen".

La acusación particular imputó a Francisco Javier un delito de ocultación de patrimonio para ser declarado insolvente, tipificado en el artículo 258 del Código Penal, por la disolución de su régimen de gananciales firmado desde la cárcel el 10 de marzo de 2009, a los 22 días de ser encarcelado.