Miguel López Adán (IU-CA), ex director general de la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación, conocida como la Fundación DeSevilla, ha prestado este lunes declaración como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 15, depositario de la denuncia relativa a la gestión de la entidad durante el pasado mandato. Durante su comparecencia, ha reconocido "irregularidades" en la gestión de las subvenciones municipales, pero ha negado que éstas fuesen desviadas a otros fines. La Fiscalía ha pedido la imputación del ex delegado no electo Carlos Vázquez, actual secretario provincial del PCA, después de que López Adán haya declarado que, como vicepresidente de la fundación, "estaba al corriente de todo".

Como figura en su acta de declaración, López Adán ha reconocido como "cierto" que la fundación acumuló un "desequilibrio patrimonial" de 1.510.617 euros durante el periodo 2007/2010, admitiendo también como "ciertas" las "irregularidades en la contabilidad" señaladas por la consultora Deloitte. No obstante, López Adán ha negado que las irregularidades fuesen "generalizadas" y ha defendido que se acotan a una "cierta cuantía dineraria". López Adán ha señalado las subvenciones municipales "no justificadas" y ha negado "que en modo alguno fuesen destinadas a gastos para fines distintos a los subvencionados".

En ese sentido, ha encuadrado las "incidencias" en la práctica general del Ayuntamiento de "no entregar nunca las subvenciones en su fecha". "Se presentaban las facturas pero sus fechas no se correspondían con el plazo de ejecución o bien no se habían pagado", ha manifestado, asegurando que "la mayor carga de responsabilidad en la situación de la fundación viene provocada por el propio incumplimiento del Ayuntamiento en no abonar debidamente los proyectos subvencionados". El retraso en el ingreso de las ayudas municipales, según su tesis, "fue la causa de todas las irregularidades". López Adán ha insistido varias veces en que las ayudas no fueron gastadas "de forma desviacionista".

Sobre las contrataciones de personal, ha manifestado que si bien desde 2009 se orquestó un "sistema de concurso público", éste no era tal al no ajustarse "al derecho administrativo", ya que antes él mismo se encargaba de las contrataciones según "su correcto parecer". Destaca también un ingreso de 34.000 euros que Carlos Vázquez, como vicepresidente de la fundación, cosechó de fondos "privados" para anticipar el dinero necesario para un proyecto afectado por los "retrasos" del Ayuntamiento a la hora de entregar las subvenciones. Una vez ingresada la subvención esperada por parte del Ayuntamiento, 34.000 euros fueron "sacados" de la caja y "entregados" a Vázquez como contrapartida al adelanto. López Adán reconoce que esta práctica "no es normal", pero defiende que la operación está plenamente contabilizada.

El papel de Carlos Vázquez

Sobre Carlos Vázquez ha señalado que era quien "impulsaba realmente las funciones del patronato y estaba al corriente de todo". También ha reconocido López Adán que antes de abandonar la dirección de la fundación, precisamente el día antes de su cese, borró "información" del ordenador con el que trabajaba, pero ha defendido que "la contabilidad estaba en el servidor" y que esta medida tenía como único fin no dejar restos de "datos personales". El borrado, según López Adán, "no afectaba a la contabilidad de la empresa".

Durante su declaración, López Adán se ha acogido a su derecho de no responder a las preguntas de la acusación particular. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado la "declaración como imputado" de Carlos Vázquez, delegado no electo de Economía y Empleo durante el transcurso de los acontecimientos investigados y actual secretario provincial del PCA. 

Antecedentes

En noviembre de 2012 el patronato de esta fundación en proceso de liquidación elevó a los juzgados de Instrucción una denuncia por presuntos delitos societarios, de apropiación indebida, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude en subvenciones, delitos contra la hacienda pública e infidelidad en la custodia de documentos. Los hechos denunciados se encuadran en la gestión de la fundación durante el mandato 2007/2011, cuando IU-CA dirigía esta institución.

La denuncia se dirige principalmente contra los miembros del patronato de la fundación entre 2007 y 2010, los miembros de su comisión ejecutiva y su director gerente: el ex alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín; el ex primer teniente de alcalde y actual portavoz municipal de IU-CA, Antonio Rodrigo Torrijos; los ex concejales del PSOE Alfonso Mir, Juan Antonio Martínez Troncoso o Emilio Carrillo; los sindicalistas Juan Antonio Gilabert (UGT), José Figueroa (UGT) y Rafael Fernández Serra (CCOO); los ex delegados de IU-CA Jon Ander Sánchez y Carlos Vázquez; el ex gerente socialista de Urbanismo Manuel Marchena; el dirigente socialista Manuel Copete; el ex vicepresidente de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) Guillermo Gutiérrez, su sucesor y ex alcalde socialista de San Juan de Aznalfarache Juan Ramón Troncoso; David Pineda y José Antonio Salido (IU-CA); Miguel López Adán (IU-CA) como director general y el socialista Domingo Enrique Castaño como director eventual.

La denuncia avisaba del "crecimiento desmesurado" de contrataciones en favor de miembros del Partido Comunista de Andalucía (PCA), alertando de que los gestores de la fundación destinaban las subvenciones a "otros fines de los propiamente subvencionados" y "sin justificación". Media además un informe de la Intervención General que señala que "la gestión de los programas subvencionados ha dado lugar a gastos que no pueden ser objeto de las subvenciones", insistiendo en una "desviación sustancial de los fines de las subvenciones concedidas". Avisa además la denuncia de posibles "pagos duplicados", la ausencia de "procesos públicos de contratación", el posible "borrado intencionado" de datos y la "velocidad" con la que el ERE fue negociado, formalizado y validado por las autoridades laborales sin cuestionar su auténtica "causa".

La Fundación DeSevilla cerró el año 2010 con pérdidas superiores a los 1,5 millones de euros y sobre ella pesaba ya entonces un "fondo de maniobra negativo" por valor de 1.133.914,2 euros, todo ello mientras la consultora Deloitte, contratada para auditar las cuentas de la entidad, señalaba en un informe "distintas irregularidades en la justificación de gastos".