La Fiscalía de Sevilla considera que la investigación practicada sobre las oposiciones de la Policía Local ha puesto de manifiesto que existen "indicios fundados" de que se filtró la plantilla de corrección de los exámenes "intencionadamente" a varios opositores y que esta filtración tuvo que producirse "inexorablemente en las fechas inmediatamente anteriores al examen", pero "nunca" el día de la prueba o con posterioridad a la misma.

Los miembros del tribunal se reunieron aproximadamente una semana antes del examen y acordaron que el presidente del tribunal y uno de los vocales se encargarían de elaborar el "supuesto práctico". Así lo refleja un informe remitido en julio de 2013 al juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla por la fiscal Ana Linares, que sostiene que la filtración "sólo pudo originarse" en las personas del presidente del tribunal, el superintendente de la Policía Local Juan José García, y de uno de los vocales que componían el tribunal.

Entre los argumentos que el Ministerio Público aprecia respecto a la filtración destaca la vinculación familiar y/o profesional entre la "mayoría de los aprobados sospechosos y algunos, destacados o no, miembros de la Policía Local de Sevilla". La fiscal también subraya la vinculación entre la academia de preparación de oposiciones Openpol con algunos miembros del tribunal, resultando además que algunos de los profesores de la misma son padres de opositores.

Entre los indicios de que hubo una filtración, la representante del Ministerio Público señala las "sospechosas coincidencias entre la plantilla de corrección que se usa por los miembros del tribunal como guía de corrección y las respuestas dadas al caso práctico por alguno de los opositores", lo que uno de los denunciantes definió como "respuestas calcadas" a las de la plantilla.

De la misma forma, la fiscal relata que en alguna de las repuestas dadas al caso práctico se usó la expresión errónea "medidas accesorias", cuando la correcta era "medidas provisionales", y que la misma coinciden con la utilizada en la plantilla de corrección, lo que para la fiscal "sugiere una filtración interesada de la plantilla a determinados opositores previamente seleccionados".

Por todo ello, la fiscal pidió en ese informe la reapertura de la investigación relacionada con una de las oposiciones para cubrir 47 plazas y en la que inicialmente el Ministerio Público había pedido el sobreseimiento en relación con la cuestión planteada sobre los permisos de conducir que debían tener los aspirantes a las plazas.

La otra oposición que se investiga fue convocada para cubrir otras 56 vacantes en la Policía Local de Sevilla, con lo que en total se investigan dos procesos que afectan a 103 plazas de nuevos agentes. Según la fiscal, las irregularidades "más graves" denunciadas se produjeron en el examen teórico de la convocatoria de 56 plazas, "aunque en el desarrollo del resto de las pruebas también se han detectado otras no menos graves que tampoco conviene soslayar".