La Fiscalía de Sevilla considera que la saturación de los servicios sanitarios de Urgencias de los hospitales, denunciada por la asociación El Defensor del Paciente, es una cuestión que no debe ser abordada en el ámbito penal, dado que no reviste los caracteres de una infracción penal.

La asociación había denunciado una "violación flagrante del derecho al honor, la intimidad y confidencialidad de los pacientes que ingresan en estas unidades, que son aparcados en cualquier lugar" y lamentó que los pacientes tengan que permanecer "hacinados en los pasillos, mezclados en sus patologías y soportando toda clase de humillaciones que no son responsabilidad más que de la Administración".

Tras analizar los hechos expuestos por la organización, la Fiscalía hispalense ha llegado a la conclusión de que de la denuncia no se desprenden indicios delictivos, "sin perjuicio de que ciertamente pudieran quedar afectados los derechos de los pacientes en la situación de saturación". En cualquier caso, el Ministerio Público entiende que "corresponde a la Administración sanitaria andaluza la resolución" de estos problemas, por lo que acordó archivar las diligencias de investigación abiertas a raíz de la denuncia del Defensor del Paciente.

La Fiscalía de Sevilla ya ha sobreseído en otras ocasiones anteriores denuncias similares de colectivos del sector sanitario, siempre con el mismo argumento: aunque los hechos puedan ser graves, no pueden encuadrarse en el ámbito penal.

La presentación de la denuncia del Defensor del Paciente coincidió con las protestas que están protagonizando desde hace un año los médicos de Urgencias de los hospitales andaluces, que exigen al Servicio Andaluz de Salud (SAS) una serie de cambios en las plantillas para evitar precisamente la "saturación y sobrecarga de los profesionales". Una de las reivindicaciones de los médicos consiste en desvincular los servicios de Urgencias de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).