La Fiscalía de Sevilla se ha mostrado a favor de conceder el indulto al kurdo Hokman Joma, que fue condenado a tres años de prisión por un delito contra la comunidad internacional por el zapatazo al primer ministro turco Recep Tayip Erdogan, una medida que llega a tan sólo tres meses de que el acusado cumpla la integridad de la condena que le fue impuesta.

La Fiscalía, una vez recibida la petición de indulto del abogado del acusado, se ha mostrado este martes favorable a la concesión del indulto, al estar de acuerdo con las consideraciones de la defensa y "deducidas" de la sentencia del juzgado de lo Penal 9 de Sevilla por la "no especial gravedad del hecho" por el que fue condenado y que no produjo un resultado lesivo. Junto a este argumento, la Fiscalía ha valorado "sobre todo el excelente comportamiento" del condenado en prisión, un extremo corroborado por el informe remitido a su vez por el centro penitenciario.

El joven kurdo Hokman Joma fue detenido el 22 de febrero de 2010, después de arrojar un zapato contra el primer ministro turco Recep Tayip Erdogan, durante una visita a la capital andaluza. Fue juzgado y condenado a tres años de prisión, en una sentencia que rechazó la petición de la Fiscalía, que había solicitado la expulsión sustitutiva del joven. 

Su caso recuerda al del periodista iraquí Muntazer al Zaidi, que fue inicialmente condenado también a tres años de cárcel por lanzar un zapato al entonces presidente norteamericano George W. Bush, pero al final un tribunal superior redujo la condena a un año de cárcel. 

Hokman Joma, en cambio, va a cumplir casi los tres años encarcelado tras haber disfrutado sólo de dos permisos desde este verano pasado a pesar de que, según las normas penitenciarias, podría concedérsele una vez cumplida una cuarta parte de la pena, es decir, desde los nueve meses. 

Tampoco tuvo suerte por lo que respecta a la petición del indulto que planteó en marzo de 2011, porque no ha sido hasta febrero pasado cuando el juez de lo Penal que le condenó abrió la pieza separa para la tramitación del expediente de indulto, que requiere una serie de informes del propio juez y del centro penitenciario donde está encarcelado antes de su remisión al Ministerio de Justicia.