La Fiscalía investiga a otros cuatro policías locales por fraude en dietas

  • Asuntos Internos trata de averiguar si cuatro agentes del Grupo Giralda cobraron indebidamente los complementos por asistencia a juicios · Se están analizando todas las actas desde hace cinco años

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La Fiscalía de Sevilla ha abierto una investigación contra otros cuatro policías locales en relación con un posible fraude en el cobro de dietas por asistir a los juicios. Los cuatro agentes investigados por el Ministerio Público pertenecen al Grupo Giralda, la unidad de paisano especializada en la vigilancia del casco histórico y los turistas. Esta nueva investigación a agentes de la Policía Local ha trascendido coincidiendo con la imputación de nueve policías de la unidad de Motoristas por su presunta participación en una trama de cobro ilegal de tasas por escoltar a camiones y grúas de gran tonelaje.

Las diligencias, que abrió a principios de año la propia fiscal jefe, María José Segarra, se iniciaron a instancias del Ayuntamiento, que denunció que varios agentes del Grupo Giralda habrían cobrado supuestamente dietas a pesar de que no habrían acudido realmente a declarar en los juicios de faltas celebrados a raíz de las distintas actuaciones policiales. La Fiscalía de Sevilla solicitó la colaboración de los 20 juzgados de Instrucción que hay en la capital, a los que reclamó que certificaran la asistencia de estos policías en los distintos juicios de faltas que se han celebrado en los últimos años, según confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía. En estos momentos, el Ministerio Público sigue recabando la información de los distintos juzgados, un laborioso trabajo porque supone revisar los documentos relacionados con los juicios de faltas en los que hayan intervenido estos policías desde hace al menos cinco años.

El modus operandi consistiría en que los agentes habrían acudido en alguna ocasión con posterioridad a la celebración del juicio para pedir en los distintos órganos judiciales un certificado de asistencia -aunque no hubiesen comparecido finalmente en la vista oral- y ese documento sellado por el juzgado habría sido presentado en la Jefatura para el cobro de la correspondiente dieta. También se investiga si alguno de los agentes, que sí acudía al juicio, solicitaba justificantes para otros compañeros que no habían asistido, supuestamente con la misma finalidad de cobrar esos emolumentos.

Los policías locales cobraban hasta el pasado verano 36 euros por asistir a un juicio, siempre y cuando estuvieran libres de servicio, dado que este complemento no se percibía en caso de que estuvieran trabajando. Si el agente tuviera que asistir a más de un juicio la misma mañana, percibiría entre 15 y 20 euros más. Este sistema de pagos fue eliminado por el Ayuntamiento el pasado verano, si bien lo hizo a raíz de una propuesta firmada por el anterior delegado de Seguridad, Alfonso Mir. Dada la maltrecha situación de las arcas públicas, el Consistorio dejó de pagar dietas a los policías por asistir a juicios y las sustituyó por horas libres. Desde septiembre, los funcionarios que tienen que asistir a un juicio en su día de descanso perciben cuatro horas libres y si comparecen en dos o más sesiones en la misma jornada reciben un día libre.

La Fiscalía mantiene abiertas unas diligencias de investigación, en las que está analizando la documentación recibida de los distintos juzgados de Instrucción. Cuando finalice el cotejo de la asistencia de los policías locales y las dietas finalmente cobradas, la Fiscalía decidirá si procede a denunciar los hechos ante el decano de los juzgados, para que se abra una investigación judicial, o acuerda el archivo de las actuaciones en el supuesto de que no se aprecien indicios de delito.

La investigación iniciada por la Fiscalía la está llevando la unidad de asuntos internos que creó el antiguo jefe de la Policía Local, José Aulet. Este grupo se formó para investigar específicamente la presunta trama dedicada al cobro ilegal de tasas y ahora se le ha encargado este nuevo trabajo. Las pesquisas arrancaron a principios de este año, cuando uno de los oficiales del Grupo Giralda tuvo conocimiento del posible fraude e informó del mismo al ex jefe, José Aulet, que remitió el caso a la fiscal jefe, María José Segarra. Por el momento ninguno de los cuatro policías investigados ha sido llamado a declarar, ni siquiera como testigo.

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