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Sevilla

La Fiscalía mantiene la multa de 600 euros a los 'Caracoleños'

  • El clan está imputado por un delito de usurpación de viviendas en el Polígono Sur en las que se refugiaron para evitar las represalias del tiroteo en el que se vieron implicados.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla ha acogido un nuevo juicio contra miembros del clan de los Caracoleños -clan exiliado del Polígono Sur entre abril y agosto de 2009 tras un tiroteo en el que murió un menor de etnia gitana- que estaban imputados por un delito de usurpación tras ocupar las viviendas públicas que adquirieron a terceros en dicho barrio desfavorecido y que recuperaron el 31 de julio de 2009 pese a su precintado.

Fuentes del caso han indicado que la Fiscalía, contrariamente a lo ocurrido en las dos primeras vistas orales, celebradas a principios del pasado mes de octubre contra las parejas compuestas por Vanesa S.M. y José J.C., y por Sergio J.P. y Rafaela R.C., ha mantenido su petición de multa de 600 euros para un nuevo matrimonio

No obstante, la representación jurídica de estas personas ha incidido en que "no se ha demostrado" que los acusados retiraran ningún precinto ni que hubiera requerimiento de la Policía, así como que éstos vivían "de buena fe" en este domicilio desde 1996.

Con respecto a las primeras vistas, el Juzgado de lo Penal número 15 ha dictado sentencias absolutorias después de que el Ministerio Público retirara sus acusaciones, pues "difícilmente se puede decir que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) sea el titular de las viviendas, ni que lo sean los acusados, pues no hay papeles", aseverando que "lo que motivó el precinto de las viviendas fue una situación de conflicto, y además se admite por parte de EPSA la posibilidad" de regularizar la situación de estos inmuebles en un futuro. 

El próximo juicio está señalado para el 24 de noviembre, si bien la actual representación legal de estos encartados ha planteado desistir de esta defensa ante su falta de cooperación en lo que respecta a los requerimientos planteados por el juzgado y los propios letrados.

Estas familias, que en 2004 protagonizaron el polémico desalojo del poblado chabolista de Los Bermejales al entregarles el Consistorio hispalense partidas de 42.000 euros por su marcha, se autoexiliaron del Polígono Sur en abril de 2009 por temor a represalias ante la muerte de un menor en un tiroteo, pero el 31 de julio de aquel año, tras todo un éxodo chabolista, regresaron a las viviendas que antiguamente ocupaban pese a haber sido precintadas por EPSA. Durante y después del éxodo, periodo en el que habitaron diversos asentamientos chabolistas, la ya extinta Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio inició una investigación administrativa en torno a la situación y el régimen de las 41 viviendas públicas habitadas por estas familias 

De la mencionada investigación administrativa se desprendió que al menos 36 de las 41 familias que componen el clan y que ocupaban desde aproximadamente 2004 estas viviendas públicas carecían de vinculo legal alguno con los pisos en cuestión. En concreto, la administración autonómica resolvió positivamente en cinco de los 41 expedientes instruidos para determinar la propiedad y regularización de las viviendas, mientras que en 36 casos no se pudo demostrar la propiedad de los ocupantes. 

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