La Fiscalía de Sevilla ha elevado de nueve años y cinco meses a 327 años su petición de cárcel para Rafael P.P., el hombre de 71 años acusado de intentar hacer volar en el verano de 2009 y por medio de bombonas de gas butano y gasolina un bloque de 12 plantas en el barrio de Las Naciones, según han informado fuentes del caso. 

Durante la última sesión del juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, la representante del Ministerio Público ha modificado su escrito de acusación provisional y finalmente ha solicitado para el acusado nueve años de cárcel por un presunto delito de estragos y seis años de cárcel por cada uno de los 53 presuntos delitos de intento de asesinato que le imputa, lo que suma en total 327 años.  

La fiscal no ha solicitado las penas en el grado máximo al entender que concurre la eximente incompleta de trastorno mental, punto en el que ha advertido de que, de aplicarse la eximente completa y salir el acusado en libertad, se generaría "una situación de absoluta incertidumbre" en los vecinos del inmueble afectado por el "riesgo" de que se pudiera producir "una acción similar".  

Inicialmente, la Fiscalía pedía para el acusado nueve años de prisión por un delito de incendio; cinco meses de cárcel por un supuesto delito de lesiones, y el pago de 1.260 euros por siete faltas de lesiones, así como el pago de una indemnización de 238.950,77 euros por los daños causados en el inmueble y de 3.000 euros a cada uno de los afectados por los daños psicológicos causados.  

En su informe final, la fiscal ha considerado que en la acción desplegada por el acusado concurre alevosía, ya que "actuó de madrugada" y evitando así "la capacidad de reacción" de los vecinos del bloque, pues "sabía perfectamente que estaban durmiendo", a lo que se suma que colocó lo artefactos explosivos "de forma estratégica" a fin "de conseguir un mayor efecto devastador".  

Durante la primera jornada del juicio celebrada el pasado lunes, el acusado se declaró no culpable y aseguró que actuó "como un sonámbulo" y que "no quería matar a nadie", sino únicamente dar un "escarmiento" a los vecinos del bloque por "el acoso moral y psicológico" al que lo sometían y por "todo lo que le han hecho sufrir". 

Sin embargo, la fiscal considera que sus declaraciones "se caen por su propio peso", pues el acusado, para quien su letrado ha pedido la libre absolución, "tenía conocimiento de que en el inmueble se encontraba la mayor parte de los vecinos y, por tanto, sabía que podían morir", pese a lo cual "ejecutó su acción".  

Al hilo, ha relatado que, durante un tiempo indeterminado, el imputado guardó en su casa distinto material, como siete bombonas de gas butano, 15 botellas de plástico o latas de disolvente, tras lo que sobre las 4:00 horas del 17 de julio de 2009 preparó con todo este material "dos habitáculos explosivos, uno en su propio domicilio y otro en el cuarto de contadores".  

Además, y según ha indicado, el acusado colocó artefactos explosivos en distintas zonas del bloque hasta llegar a la tercera planta y vertió gasolina desde su piso hasta el cuarto de contadores, añadiendo que "para asegurarse de que el objetivo se cumplía, se quedó esperando en la calle hasta que se produjo la primera explosión, momento en el que abandonó el edificio esperando que se produjeran efectos devastadores". 

"El imputado sabía que su acción ponía en evidente peligro la vida de sus vecinos", ha subrayado la fiscal, quien ha señalado que finalmente el imputado no consiguió su objetivo gracias a que "algo falló" y a que los dispositivos de emergencia se personaron "rápidamente" en el lugar.  

La fiscal ha explicado que la intención del acusado era conseguir la destrucción total del inmueble, aunque finalmente sólo lo consiguió parcialmente, punto en el que se ha preguntado "qué habría ocurrido si hubieran explotado todos los mecanismos preparados".  

Tras la presentación de los informes finales por parte de la Fiscalía, las acusaciones particulares y la defensa, el juicio ha quedado visto para sentencia.