La Fiscalía cita como testigos a los policías que desalojaron a los 'okupas'

  • Se pretende determinar si los desalojados cometieron delitos de injurias y calumnias al acusar de torturas a la Policía y a los bomberos.

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La Fiscalía de Sevilla tomará declaración como testigos a varios policías en la investigación abierta para determinar si los "okupas" del edificio de Casas Viejas cometieron delitos de injurias y calumnias al acusar de torturas a la Policía y a los bomberos.

Fuentes judiciales han indicado que las diligencias de investigación han sido encargadas al "número dos" de la Fiscalía sevillana, Antonio Ocaña, que en los próximos días tomará declaración a varios de los policías que intervinieron en el desalojo realizado el pasado 30 de noviembre.

De momento no han sido citados los bomberos, que también fueron acusados de torturas y malos tratos por los activistas en una multitudinaria rueda de prensa celebrada el 1 de diciembre, tras ser desalojados por orden judicial del edificio "okupado".

Entonces, los "okupas" aseguraron que "llegaron a temer por su vida" y Agustín Toranzo, de 39 años, manifestó que decidió soltarse de las cadenas con las que se había anclado a la pared cuando se hicieron "insoportables" las "torturas" a las que, según dijo, le sometió la Policía.

Los activistas denunciaron además haber recibido patadas, bofetones, amenazas, tirones de pelo y haber sido arrastrados.

La denuncia a la Fiscalía fue presentada por el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, quien la acompañó de grabaciones de la rueda de prensa.

En su escrito, el delegado del Gobierno denunció los perjuicios sufridos por el prestigio de la Policía Nacional y el honor de los funcionarios que intervinieron en el desalojo, pese a que pusieron en peligro sus propias vidas para "salvaguardar las de los desalojados".

La denuncia recoge que el zulo y el apuntalamiento realizado por los encerrados constituía otra situación de "peligro real" debido a su construcción y al deficiente estado del inmueble.

El delegado del Gobierno imputó a los activistas presuntos delitos de injurias graves con publicidad, dado el amplio eco con que fueron recogidas sus manifestaciones por los medios informativos.

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