La Guardia Civil ha remitido a la juez María Núñez Bolaños un nuevo atestado sobre el caso de los ERE en el que atribuye diversos delitos a tres ex altos cargos de la Junta -el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex director de Trabajo Javier Guerrero y el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas-, en relación con el ERE 12/2006 que se llevó a cabo en esta empresa, que afectó a 223 trabajadores y por el que la Junta de Andalucía pagó, a través de la partida 31L, conocida como el fondo de reptiles, la cantidad de 16.484.159,60 euros.

En el atestado, elaborado por la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, los investigadores atribuyen cuatro delitos -tráfico de influencias, prevaricación, malversación y falsedad documental- a Antonio Fernández y a Javier Guerrero, mientras que al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas le imputan un presunto tráfico de influencias.

Los investigadores consideran que el ex presidente de Heineken Carlos de Jaureguizar Serrano, quien ya declaró como investigado ante los agentes de la Guardia Civil, pudo incurrir presuntamente en otros tres delitos -tráfico de influencias, falsedad documental y administración desleal-, al igual que ocurre con el que fuera jefe de recursos humanos de la multinacional cervecera, José Luis Romero Castaño.

Los otros dos investigados son Carlos González Perandones, ex director de departamento de ING Employed Benefits, y Luis Miguel Gómez Ortiz, ex consejero delegado de ING Nationale Nederlanden, por su intervención en la tramitación de las pólizas para el pago de las ayudas a los trabajadores.

La Guardia Civil, que destaca no obstante el "importante esfuerzo" realizado por la asesoría jurídica de Heineken España para localizar el máximo de documentación disponible y aclarar las cuestiones planteadas, detecta "múltiples incumplimientos" en el expediente administrativo de la ayuda, entre los que destaca una decena de irregularidades en la tramitación de esa ayuda de más de 16 millones. Los agentes critican desde la "falta de competencia" de Javier Guerrero para conceder esta ayuda a la inexistencia de solicitud de la misma, así como la falta de acreditación de la "finalidad pública o las razones de interés social o económica"; la inexistencia o falta de requisitos en las resoluciones de concesión; y la falta de seguimiento y de fiscalización de la ayuda.

La Guardia Civil también denuncia que el importe de la ayuda concedida es superior al de la actividad a desarrollar por el beneficiario, con lo que concluye que esta ayuda "pudiera ser una cofinanciación a la mercantil Heineken España" del ERE 12/2006 y no una ayuda directa a los ex trabajadores de la multinacional, al tiempo que subraya que "no parece que Heineken fuese una empresa en crisis, a la vista de los beneficios al parecer obtenidos entre los años 2003 y 2009, y en lo que parece que fueron repartos de dividendos entre los accionistas en el mismo periodo".

El informe policial destaca beneficios consolidados de Heineken de 29,3 millones en el año 2003; 24,3 millones en 2004; 20,5 millones en 2005; y 300,8 millones en 2006, que se atribuye a la venta de los terrenos de la factoría de Sevilla; y apunta a un reparto de dividendos en 2007 de 204,4 millones, además de resultados positivos consolidados de 70,4 millones en 2008 y 104,3 millones en 2009. Entre 2007 y 2009, prosigue el informe, se repartieron dividendos por importe de 350 millones entre los accionistas de la empresa cervecera.

El 21 de enero de 2004, el entonces director de Trabajo Javier Guerrero, el ex delegado de Empleo Antonio Rivas y los responsables de Heineken firmaron un protocolo de "apoyo incondicional al proyecto de nueva fábrica de Heineken" en la barriada de Torreblanca de Sevilla, y, según el atestado policial, "la Administración autonómica y/o local pudieron haber propiciado que Heineken llevara a cabo una modificación en el cambio de uso de los terrenos sobre los que se asentaba la antigua fábrica a fin de poder recuperar parte de las inversiones", por lo que las ayudas de la Junta "parecen estar vinculadas a dicho proyecto".

Sobre los 16,4 millones, los agentes deducen en relación a una serie de variaciones en el ERE que "pudiera haber sido utilizado como excusa para aumentar el importe total en un millones", ya que en principio el protocolo establecía que no podría exceder de los 15,4 millones para un colectivo máximo de 181 trabajadores. Dicen los investigadores que Guerrero comunicó a Heineken ese importe de 16,4 millones "cuando todavía al parecer no se había realizado la lista de afectados, como se deduce del acta de preacuerdo del plan social de fecha 26 de octubre de 2005 y tampoco, al parecer, se habrían realizado la cuantificación y coste de la salida de los prejubilables, por lo que el aumento de dicha cantidad pudiera ser arbitraria".

En la relación de asegurados figuran 223 personas, y no 180 como constan en todos los anexos. Esos 43 trabajadores de diferencia tenían edades comprendidas entre los 57 y 59 años al momento de finalizar su relación laboral con Heineken o de su salida de la empresa, excepto un caso que tenía 56, por lo que se aumentó la póliza en esos 43 trabajadores. La Guardia Civil considera que Antonio Rivas "podría haber conocido en el momento de la firma de la póliza con ING que los beneficiarios de la línea de apoyo eran 180 y no 223, como se desprende de la resolución administrativa del ERE 12/06 que él mismo firmó/resolvió", y a su juicio no deberían haberse incluido en la póliza a los trabajadores de más de 57 años. En cualquier caso, en el ERE no se han encontrado intrusos, dado que todos fueron trabajadores de Heineken.

Además de esos 16,4 millones, Heineken recibió un "incentivo directo a fondo perdido" de 6.088.573,88 euros.

La Guardia Civil señala que cuatro días después de la firma de un protocolo del 31 de marzo de 2005 entre el consejero de Empleo y los representantes de Heineken, un hijo del delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas fue contratado como trabajador de la fábrica cervecera, y las reuniones relativas al plan social de Heineken "se produjeron poco más de un mes después de la contratación del hijo del delegado de empleo", hechos por los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya instruyó diligencias que constan en la pieza principal de la macrocausa de los ERE.