-¿Qué expectativas puede tener un mileurista del área metropolitana en el Consorcio de la Vivienda?

-La voluntad de los 33 ayuntamientos consorciados es ponerse de acuerdo, aunar criterios para lograr objetivos más difíciles de conseguir por separado. El primero es dar solución al importante número de jóvenes del área, que sólo puede hacerse con la planificación municipal. Los ayuntamientos han tenido y tienen instrumentos. El papel del Consorcio es incentivarles.

-¿Por qué si se han hecho tantas casas y hay tantas vacías falta VPO?

-La legislación estatal sobre suelo, que estableció que todo el territorio era urbanizable menos el protegido ha sido un hándicap. Si un Ayuntamiento quería intervenir desde lo público se topaba con los justiprecios, valoraciones del suelo imposible de asumir. Ese problema se ha resuelto con la nueva ley. La importancia de plantear una experiencia piloto sobre vivienda consorciada en el área de Sevilla se debe al gran número de jóvenes que viven en ella y a las perspectivas de trabajo. Es el momento: los municipios deben adaptar sus planes a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y está en proceso el Plan de Ordenación la Aglomeración Urbana (Potaus).

-Dice que el área necesita 60.000 VPO y que el Consorcio quiere responder al 80 por ciento en 10 años. Al ritmo actual eso es imposible.

-Además de la ley estatal, han influido los tipos de interés y el alza brutal del precio de la vivienda, en la que se han refugiado inversionistas. La oferta de VPO ha sido escasa porque al promotor no le interesaba. Al analizar las migraciones, se ve que el joven de Sevilla se ha ido a zonas limítrofes buscando precios más asequibles, pero ha hecho a su vez que aumenten los precios y que los jóvenes de estos pueblos tengan que irse también más allá. Salvo Sevilla y otros ayuntamientos con una cultura de la VPO importante, como Dos Hermanas, Alcalá del Río, La Rinconada, Los Palacios o Utrera, otros no han gestionado ni una en los últimos ochos años. Otro objetivo del consorcio es que sólo se dé migración a causa de la vivienda cuando un Ayuntamiento ya no tenga suelo para crecer más.

-¿Por qué no han funcionado los mecanismos que existen?

-Hay mecanismos, efectivamente, como la LOUA, con la que los ayuntamientos pueden reservar la cantidad de VPO que estimen. Cuando se aprobó en 2003 se calcularon cuatro años para que adaptaran los PGOU. Pero sólo cuatro lo han hecho y otros tantos están a punto.

-¿Y rodará la máquina ahora?

-Hay una voluntad clara de los municipios. También será decisivo el pacto por la vivienda acordado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Junta para que los pueblos puedan adaptarse parcialmente a la LOUA con un proceso más corto si el objetivo es cubrir la demanda de VPO. No hace falta que el cien por cien del suelo sea para vivienda protegida; sí el grueso, junto al equipamiento. Una comisión interdepartamental permitirá que el suelo esté disponible antes. La voluntad de los ayuntamientos consorciados es cumplir con el 80 ó el 70 por ciento de la demanda (48.000 ó 40.000 viviendas) incluso en cinco o seis años, con viviendas adjudicadas en un alto porcentaje. El suelo tiene que estar planificado en 2009. Es posible que para el primer semestre de 2008 dispongamos de suelo definido para 40.000 unidades. Se puede hacer.

-Bollullos dice que no puede satisfacer la demanda de VPO por que la Junta no le deja crecer con el POTA.

-Los datos de 1999 a 2006 revelan que Bollullos no ha hecho ni una VPO. Es necesario que antes de plantear un crecimiento se satisfagan las necesidades de la población que ya se tiene.

-Una de las novedades anunciadas por el ente que coordina es que un vecino podrá optar a una VPO en un pueblo distinto al suyo. ¿Cómo?

-La prioridad es establecer una directriz común en el proceso selectivo y de adjudicación y que los ayuntamientos sean capaces de resolver en su término casi el cien por cien de la demanda. Cuando no sea posible, entrarán en juego las áreas de oportunidad, que deben estar emplazadas en cinco o seis puntos claves, con un radio de atención lo menor posible y buenas conexiones con transporte público con los municipios de origen de sus vecinos y los centros de trabajo.

-¿Pero en qué condiciones un vecino de Burguillos podrá optar a una VPO en La Rinconada, por ejemplo?

-No se ha puesto sobre la mesa, tendrá que debatirse en su momento, por ejemplo si se da el caso de 14 vecinos de San Juan, que casi no tiene término, que trabajan en Aerópolis y puede interesarles vivir en el Pago de En Medio o Cortijo de Cuarto.

-¿No le resta credibilidad al Consorcio que más de una decena de pueblos no hayan querido entrar?

-No es un problema, sino una pena para sus vecinos, que no se podrán aprovechar de las ventajas del esfuerzo común. Se ha dicho que el Consorcio se ha creado para resolver el problema a Sevilla. No es así: su fin es que cada uno solvente los problemas a sus vecinos y, cuando necesite ayuda, pueda contar con la localidad de al lado, con la que comparte mesa. Sevilla prevé en su PGOU 18.000 VPO en cinco años y con pequeñas adaptaciones de incremento de edificabilidad y densidad superará las 20.000.

-Hay municipios, como Olivares, que van a negociar con los dueños de algunas zonas para hacer VPO donde hay aprobada renta libre.

-La reserva mínima del 30 por ciento para VPO de la LOUA se tomó como obligatoria, pero hay municipios que con ella tardarían mucho en satisfacer la demanda. Hay sectores con siete viviendas por hectárea. Es un disparate, insostenible.

-¿Para responder a la demanda de VPO hay que cambiar entonces el modelo urbanístico?

-El desarrollo de un municipio no puede basarse en chalés y adosados de 120 metros sobre parcelas de 300, donde hay que coger el coche para comprar el pan. Hay que remodelar esos sectores, elevar las plantas y las densidades y hacer equipamientos. Los barrios deben tener transporte público. Los jóvenes de Sevilla deben saber que ésa no es la mejor forma de vivir, que así no se vive en Europa desde hace mucho tiempo. Creo que eso lo tiene asumido ya casi todo el mundo.