Quienes asistimos desde hace años a la radical destrucción de la hacienda Mejorada Baja, en Los Palacios y Villafranca, ya intuíamos que la próxima Mejorada sería Ibarburu. Es más, también intuimos cuál será la siguiente hacienda en sucumbir en el corto-medio plazo a esta sangrante ecuación de salvajes y primitivas rapiñas, manifiestas irresponsabilidades privadas y administraciones incapaces de intervenir, con la ley en la mano, ante los evidentes indicios de traumáticas pérdidas patrimoniales.

“Se caen solas”, decía la profesora María Cruz Aguilar denunciando su abandono, en un Manifiesto en defensa de las haciendas de olivar publicado en la Revista de Feria de Dos Hermanas en 1984. Por aquellos años, el entendimiento de las haciendas como edificios obsoletos facilitaba que su masiva destrucción no generase remordimientos entre la sociedad de la época. Era un patrimonio poco valorado y menos conocido, que estorbaba a herederos de grandes propiedades agrícolas, sin vocación ni voluntad para ejercerla. Pero esta antigua sentencia ya no es verdad.

Las haciendas como Ibarburu ya no se caen solas, sino que las dejamos caer con premeditados ejercicios de lavado de manos, tanto privados como públicos. Las haciendas son actualmente edificios de reconocido valor y prestigio patrimonial, ampliamente estudiadas y difundidas, y su protección está recogida en todos los PGOU municipales, aunque continúan siendo insuficientes las declaraciones como Bienes de Interés Cultural, lo que permite que su tutela y conservación se someta a la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. Llegados a este punto, es obvio reconocer que para el caso que nos ocupa esta ley no ha servido para nada.

Para los viajeros de la antigua N-IV, Ibarburu ha sido siempre un hito impactante del paisaje, de tan maciza volumetría exterior que más que una hacienda rural parece una fábrica o cuartel militar dieciochesco. Es un edificio que se inserta con contundencia en el territorio pero sin transparentarse; al contrario, se encierra sobre sí mismo a través de un único acceso de portada monumental con arco de orden gigante apilastrado y espadaña de remate, según riguroso lenguaje academicista. Todo en Ibarburu es regularidad, desde la alineación de las cubiertas a su organización, denotando el sentido racional de una magnífica planificación constructiva.

En su interior, menos conocido, un enorme patio de labor distribuye con claridad los espacios funcionales: en su ala izquierda la zona oleícola, casi un barrio propio formado originalmente por un molino de doble viga de prensa, de las que subsiste una de ellas que posiblemente sea de las mejores instalaciones de esta tipología conservadas en la provincia; también las naves con el empiedro y la vivienda del maestro molinero. En el frente contrario del patio está la zona de lagar, con su excepcional bodega de planta “basilical”, para demostración de que estas haciendas de Dos Hermanas y Los Palacios fueron tan de aceite como de vino. Sobre el cuerpo de fachada en planta baja las cuadras y tinados para los animales, con sus respectivos graneros en los “soberaos”. Y cerrándolo todo, en el dominante frente principal, el señorío, la residencia noble, con su imponente (y ahora desaparecida) fachada-mirador de doble arquería sobre soportes columnarios y capilla, como rotunda manifestación de las jerarquías sociales que dieron sentido a todo este mundo interior de las haciendas. Ese es (era) uno de los valores fundamentales de Ibarburu, que no solo conservaba su integridad arquitectónica sino la fosilización de esta sociología de los espacios. Todo eso es hoy una realidad patrimonial mutilada y amenazada.

Lo grave de lo ocurrido en Ibarburu ha sido la no intervención pública preventiva en un desastre patrimonial previsible. Aunque podríamos extendernos en analizar el problema de fragmentación de los derechos de propiedad por fórmulas caducas de pro-indiviso que están detrás del abandono de este edificio en los últimos 30-40 años, y del irresponsable desentendimiento de la administración, Junta y Ayuntamiento, que no han aplicado desde 2002 ninguna de las medidas que recoge la ley para casos como éste, prefiero transmitir nítidamente una idea positiva: Aunque mutilado, Ibarburu sigue siendo todavía un edificio excepcional, que si cae en las manos adecuadas saldrá de este incierta agonía. Pero para eso hace falta que la Junta aplique la ley de patrimonio sin cobardías. Si la actual propiedad, en cualquiera de sus situaciones, no se hace responsable de custodiar y conservar el edificio, hay que implantar con urgencia las medidas legales reglamentarias: obras de ejecución forzosa, obras de ejecución subsidiarias, venta forzosa, e incluso, si fuese preciso, expropiación.  No se trata necesariamente de que la administración se haga cargo material de este edificio (Junta y Ayuntamiento de Dos Hermanas todavía no han resuelto su intervención en el conjunto de Quintos), pero sí de que desbloqueen el conflicto de propiedad que condena a Ibarburu a la desaparición.

La Constitución Española (TítuloVII; artículo 128), el Estatuto de Autonomía y la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía avalan que se busque una nueva propiedad que lo recupere, lo conserve y lo rentabilice.  Ejemplos particulares muy cercanos como Bujalmoro, Seixa y Clarevot, Molinos de Maestre, Orán o La Indiana demuestran que este camino es posible.

Me decía hace algunos meses un casero de la zona que la hacienda donde vivía era más suya que de los dueños, porque hacía más de 20 años que por allí no aparecían ninguno de los más de 20 propietarios. Y continuaba, “cambiaron el campo por el chalé de la playa”.

En 2013 escribí en este periódico un artículo sobre la la destrucción de la Mejorada Baja; recién empezado 2018 lo estoy haciendo sobre Ibarburu. El próximo articulo de esta misma serie habrá que escribirlo, dentro de no sé cuánto tiempo, sobre la Hacienda Lugar Nuevo.

*Fernando Bejines es licenciado en Historia del Arte y máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico