La Junta de Andalucía ha avisado este miércoles a Ibercaja, propietaria del edificio de la corrala Utopía en la que se han realojado unas 36 familias, que podría ser multada en aplicación del decreto sobre la función social de la vivienda si finalmente se produce el desalojo como reclama la entidad en los tribunales. Este mes podría ser decisivo para la corrala Utopía y para las 36 familias que decidieron hace un año realojarse en un inmueble vacío en Sevilla propiedad de esta entidad bancaria y que no disponen ni de luz ni de agua desde el pasado verano. Las familias están declarando en los juzgados imputadas por un delito de usurpación, mientras Ibercaja sigue solicitando el desalojo, sin que hasta el momento se haya alcanzado acuerdo alguno en la mesa de negociación abierta desde hace meses.

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, la delegada Provincial de Fomento y Vivienda, Granada Santos, y representantes de los afectados han reclamado en rueda de prensa a Ibercaja que vuelva a la mesa de negociación, desista en los tribunales del desalojo y acceda a acordar un alquiler social que permita mantener la vivienda. José Chamizo ha lamentado la decisión "unilateral" de la entidad de insistir en el desalojo del edificio cuando aún no se ha cerrado un acuerdo, por lo que ha reiterado su apoyo a los afectados. "No me parece la forma más adecuada. Insistiremos en otra reunión de mediación", ha explicado.

Granada Santos, delegada provincial de Fomento y Vivienda, ha respaldado a los afectados y, tras negar que se trate de una "mera ocupación", ha confiado en que Ibercaja agote negociación para llegar a una salida "justa" que debe pasar por un alquiler social con un mínimo de un año. La representante de la Junta ha instado al Ayuntamiento de Sevilla y a la compañía Endesa a que restablezcan la luz y el agua en el edificio. Ha recordado que el decreto ley de la Junta contra los desahucios puede "sancionar" viviendas vacías, que es el caso de la corrala La Utopía, lo que conllevaría pasados seis meses una sanción de 9.000 euros por vivienda. "El uso de la vivienda ha cambiado y por tanto estaremos muy vigilantes sobre las viviendas vacías que superen los seis meses, tal y como recoge el decreto", ha advertido.

El abogado de los afectados, Luis de los Santos, ha recordado que Ibercaja ha instado dos veces al desalojo, y ha criticado la "desproporcionalidad" de dejar en la calle a 36 familias en una situación de estado de "necesidad muy grande". No obstante, ha demandado a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, que "tome las riendas" de este asunto y "defienda" los derechos fundamentales de estos vecinos.

Ibercaja ha manifestado en un comunicado que ninguno de los ocupantes del edificio ha sido desahuciado y que asumió la propiedad de las viviendas cuando ya estaban habitadas. La entidad esgrime que ha ofrecido a las familias el programa Llaves solidaria de su obra social, un programa -añade- que avala a las familias con dificultades para acceder a viviendas sociales de alquiler, pero cuya oferta no es para el edificio que ocupan por no reunir esas características.