La gran sevilla Las nuevas directrices autonómicas para el Plan Metropolitano

La Junta abrirá la mano a las VPO y zonas productivas en el Potaus

La Junta de Andalucía, administración pública responsable de la redacción del Plan Metropolitano de Sevilla, está dispuesta a abrir la mano en la segunda -y última- fase de tramitación de este documento de ordenación territorial que intenta reorientar el modelo de crecimiento de los municipios que forman la Gran Sevilla hacia un patrón más sostenible desde el punto de vista ambiental y económico. La Consejería de Obras Públicas, departamento dirigido por Concepción Gutiérrez del Castillo, estudia estos días la posibilidad de ampliar parcialmente el plazo de alegaciones abierto tras la aprobación del documento inicial del Plan de Ordenación de la Gran Sevilla, cuyo nombre técnico oficial es Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus).

La decisión todavía no es completamente firme, pero todo induce a pensar que los ayuntamientos dispondrán de algunas semanas más para poder presentar sus propuestas con vistas al texto final, que se elaborará -sobre la base del documento ya existente- durante los próximos meses, con junio como fecha límite, una vez que los técnicos de la dirección de Planificación de la Junta procesen y contesten de forma argumentada a cada uno de los planteamientos que realicen los distintos municipios. Una labor tan prolija que puede incluso dilatar el calendario oficial con el que trabajaba la Junta en relación al proyecto.

Desde Obras Públicas se insiste oficialmente en que el documento inicial es una propuesta abierta sobre un determinado modelo territorial -a discutir con los consistorios- y que en la Consejería existe voluntad real de admitir todos aquellos proyectos de última hora que, sin cuestionar en lo esencial sus líneas generales, ya definidas, permitan conjugar los intereses particulares de los municipios con los objetivos políticos marcados por la Administración regional.

¿Y cómo lograr tal objetivo? Adecuando los proyectos apadrinados por los distintos alcaldes a las prioridades políticas del Ejecutivo de Manuel Chaves. De ahí que, en líneas generales, la Junta esté dispuesta a incorporar al Plan Metropolitano en esta segunda fase todas aquellas iniciativas que persigan realmente la construcción masiva de viviendas con algún grado de protección oficial.

En el documento inicial del Plan Territorial se autorizaron hasta 40.000 pisos en 16 municipios distintos. Los ayuntamientos más beneficiados en la ubicación de estas bolsas de suelo -ajenas a los límites de crecimiento impuestos por el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, ahora de nuevo en proceso de revisión- fueron, sin embargo, los de Dos Hermanas, La Rinconada y Alcalá de Guadaíra, que concentran ellos solos más de la mitad de los proyectos residenciales avalados de forma expresa por Obras Públicas. Todos ellos están gobernados por regidores del PSOE. La cuota exacta de VPO en relación a los pisos de renta libre que se podrán construir en estos terrenos será del orden del 70 por ciento.

Obras Públicas está dispuesta a abrir más el abanico para dar viabilidad a este tipo de proyectos, lo que permitiría sumarse al Plan tanto a algunos municipios socialistas -a los que se les rechazaron iniciativas similares o no tuvieron tiempo de plantearlas- como a otros consistorios metropolitanos de distinto signo político. Todo hace indicar que, por un lógico sentido del equilibrio, las corporaciones locales mejor colocadas a priori ante esta segunda fase del proceso serán consistorios como Bollullos de la Mitación o Pilas (PP) y localidades como Utrera (PA). En todo caso, las propuestas susceptibles de ser aceptadas serán probablemente de magnitud bastante inferior a las grandes bolsas de suelo ya definidas en el documento inicial. Y sólo serán autorizadas si su ubicación se plantea junto a los núcleos urbanos existentes, de forma que ninguna de estas iniciativas vaya en contra o induzca a quebrar el modelo territorial. De ahí que vaya a quedar excluida de esta segunda fase cualquier iniciativa municipal que implique, de una manera u otra, y con distintos disfraces -campos de golf o proyectos de equipamiento deportivo- un crecimiento segregado de los actuales municipios. El Gobierno autonómico sólo dará luz verde a los proyectos de campos de golf con usos hoteleros -nunca residenciales- y a los equipamientos deportivos siempre y cuando no vayan acompañados de promociones viviendas libres asociadas. Ante este supuesto sólo hay dos vías: o se reubican las viviendas en zonas limítrofes a los casos urbanos -y se convierten, de facto, en promociones de vivienda protegida-, o no serán aprobadas. Esta directriz, en la práctica, vendría a anular buena parte de los proyectos presentados -como el del Sevilla FC-, ya que van ligados -con vistas a su rentabilidad financiera- a proyectos inmobiliarios.

En lo que a los espacios de índole económica se refiere -el Plan Territorial diferencia entre suelos empresariales, aquellos que podrían acoger actividades tecnológicas y espacios logísticos-, Obras Públicas está dispuesta a ser flexible para que ninguna propuesta empresarial se quede sin sitio. Estos proyectos ayudan, desde la óptica de la Junta, a reducir la movilidad y la congestión territorial en los municipios de la primera corona metropolitana, mientras que en la segunda corona ayudarían a evitar el monocultivo inmobiliario. El criterio para su admisión será idéntico al de las VPO: evitar que la ubicación que se proponga genere más tensiones territoriales.

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