La Consejería de Medio Ambiente de la Junta inició ayer en Sevilla el proceso de participación ciudadana para redactar una nueva ley de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA) que dé agilidad a los trámites urbanísticos y evitar así los ocho a once años que se tardan en aprobar los planes de ordenación (PGOU) de los municipios, un retraso que estrangula el desarrollo de los territorios. El consejero socialista José Fiscal señaló que esta lentitud no es sólo achacable a la Administración andaluza, dijo que uno de los cambios esenciales de la nueva norma es lograr la autonomía de la Administración local, porque "hay decisiones que se sustancian más en lo local", y apostó por una norma que reste complejidad a los procedimientos urbanísticos que tanto influyen en el empleo y en la actividad económica.

El proceso de participación en Sevilla consistió en unas jornadas técnicas de más de cuatro horas que se extenderán al resto de provincias andaluzas. En Sevilla intervinieron varios ayuntamientos, entre ellos el de la capital andaluza; la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros de caminos, abogados, registradores y profesionales en ciencias ambientales, así como la patronal de empresarios, los sindicatos CCOO y UGT, Ecologistas en Acción y el consejo andaluz de consumidores y usuarios. A la cita asistiERON también el padre del vigente PGOU sevillano, Manuel González Fustegueras, y el gerente de los constructores y promotores de Sevilla (Gaesco), Juan Aguilera. Con todo ese material se iniciará la redacción del borrador de una nueva ley "innovadora, audaz y que cree un marco más flexible".

Los decanos andaluces de ingenieros y abogados apuntaron contra los funcionarios

El presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, reclamó una modificación legal en la que "hay que hilar muy fino" por los efectos judiciales para algunos alcaldes que ha tenido el urbanismo hasta ahora, y apuesta por una norma que simplifique al máximo los trámites urbanísticos.

En la primera mesa técnica de las jornadas, los representantes de los ayuntamientos de Soportújar (Parque Natural de Sierra Nevada), Torremolinos y Cabra coincidieron en reclamar una ley "flexible" y que reduzca al mínimo los trámites.

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, expuso que el cambio normativo debe dar "agilidad administrativa y simplificar los trámites no relevantes"; en una palabra, "ganar en plazo". Y explicó que el PGOU vigente de Sevilla desde 2006 se aprobó con un amplio respaldo social pero sus objetivos se han visto condicionados desde el estallido de la crisis en 2008 hasta ahora, por lo que abogó por revisar qué elementos de ese planeamiento no han funcionado y ver por qué razón. La clave del cambio del PGOU debe ser, según Espadas, revitalizar la ciudad existente y reprogramar el calendario y los plazos de su desarrollo, porque la situación de los suelos ha cambiado.

En la segunda mesa hablaron los colegios profesionales andaluces. El presidente del colegio de arquitectos, Ángel Díaz, pidió que la nueva ley incluya el "silencio positivo" para acortar los plazos, una propuesta rechazada de plano por el consejo andaluz de abogados "por las situaciones de ilegalidad manifiesta que ha generado por una mala aplicación de la ley". Los más beligerantes fueron los decanos de ingenieros de caminos y abogados, que achacaron parte de la dilación de los trámites urbanísticos a los funcionarios de la consejería de Medio Ambiente. José Abraham Carrascosa, de Ingenieros, habló de "la actitud de los funcionarios, consciente o inconscientemente, porque o no son claros, o se contradicen o son demasiado reglamentistas y les falta un punto de flexibilidad". Propuso una guía donde figuren por anticipado los requisitos que pide la administración y que toda la información del territorio andaluz sea accesible por internet.

José Pascual, del Consejo Andaluz de Abogados, pidió a los funcionarios criterios más claros y no llevar a los juzgados temas que se pueden resolver por vía administrativa.